La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ya existe un acuerdo con Morena y sus aliadas para impulsar el “Plan B” de la reforma electoral, la cual será enviada al Congreso de la Unión este martes. Ella explicó que por ahora el consenso sólo alcanza dos ejes: poner límites al gasto de los congresos locales y reducir el presupuesto a los cabildos.
Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que su propuesta busca recortar privilegios en estructuras políticas que, a su juicio, mantienen gastos desiguales y excesivos. Como ejemplo, señaló que hay congresos estatales con un número similar de diputados, pero con diferencias millonarias en el costo por legislador.
“Seguimos luchando contra los privilegios. Vamos a seguir insistiendo en que también debe haber una reducción de privilegios para los partidos”, dijo.
¿Qué cambios trae el Plan B de Sheinbaum?
La presidenta Sheinbaum dejó en claro, que el acuerdo no incluye todos los puntos que originalmente buscaba en la primera propuesta, tales como la reducción de presupuesto a partidos políticos, cambios en la forma de elegir a los plurinominales y ajustes mayores al sistema electoral.
El Plan B de reforma electoral de la 4T, surge después de que la iniciativa original no consiguiera los votos suficientes para prosperar en la Cámara de Diputados. Frente a ese revés, Sheinbaum optó por una nueva ruta enfocada en medidas con mayor viabilidad política, centradas en la austeridad y en la redistribución del gasto público.
Según estimaciones difundidas en días recientes, el nuevo paquete podría representar ahorros cercanos a 4 mil millones de pesos.
Además de los recortes a congresos locales y ayuntamientos, la presidenta ha defendido que su estrategia mantiene el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y abrir la discusión sobre temas electorales que, en su visión, deberían ser consultados directamente con la población.
En tanto, con esta apuesta, Sheinbaum busca reactivar una de sus reformas más polémicas, aunque ahora con una fórmula más limitada y negociada. El mensaje político también es claro: aunque hubo freno a la propuesta original, el Gobierno federal no da por cerrado el debate sobre el costo del sistema electoral y el reparto de recursos públicos.