El gobierno de Nayib Bukele endureció aún más el sistema penal salvadoreño al lograr que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves.
La medida fue avalada este martes con 59 votos a favor y uno en contra, lo que refleja el amplio control que el oficialismo mantiene en el Congreso.
La reforma modifica el artículo 27 de la Constitución, que históricamente prohibía las penas perpetuas, para permitirlas en casos específicos como homicidio, violación y terrorismo.
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, explicó que este cambio busca fortalecer las herramientas del Estado en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
Reforma en tiempo récord
El proceso legislativo se desarrolló con rapidez, la iniciativa fue presentada con más firmas de las requeridas y votada poco después en el pleno, lo que evidencia la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas sin mayor resistencia parlamentaria.
Aunque la medida aún debe cumplir con el procedimiento de ratificación en una siguiente legislatura, su aprobación inicial marca un hito al romper con una prohibición histórica en la Constitución salvadoreña.
El propio Bukele defendió públicamente la iniciativa en redes sociales, planteando el debate en términos de seguridad.
“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.
— Bukele
Mano dura sin precedentes
La reforma no puede entenderse sin el contexto de la estrategia de seguridad del gobierno, desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción decretado tras una ola de violencia atribuida a pandillas.
Esta medida, inicialmente temporal, se ha prorrogado de forma continua durante casi cuatro años.
Según reportes gubernamentales, hasta ahora suman más de 91 mil personas detenidas, lo que equivale a más del 1% de la población del país.
Bukele sostiene que estas acciones han permitido reducir drásticamente los homicidios y recuperar el control territorial.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos documentan denuncias por detenciones arbitrarias y falta de debido proceso, lo que genera críticas internacionales.
Cambios drásticos en El Salvador
La cadena perpetua se convierte en un paso significativo en un proceso más amplio de reformas impulsadas por Bukele en los últimos años, que han reconfigurado el sistema político y judicial del país.
Uno de los primeros movimientos ocurrió en 2021, cuando la Asamblea —controlada por el oficialismo— destituyó a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, una decisión cuestionada por organismos internacionales por afectar la independencia judicial.
Posteriormente, en marzo de 2022, el gobierno instauró el estado de excepción, suspendiendo derechos constitucionales como la libertad de asociación y ampliando las facultades de las fuerzas de seguridad.
El siguiente gran cambio llegó en julio de 2025, cuando el oficialismo impulsó una reforma que eliminó los límites a la reelección presidencial, abriendo la puerta a la permanencia indefinida de Bukele en el poder.
En paralelo, el sistema penal también ha sido modificado con juicios colectivos, endurecimiento de penas y nuevas figuras legales vinculadas al terrorismo, como parte de la ofensiva contra las pandillas.
El gobierno defiende estas reformas como necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.
Villatoro aseguró que la nueva medida es coherente con el objetivo de “brindar paz y seguridad a los salvadoreños”, pero el modelo genera un debate creciente.
Diversos analistas y organizaciones advierten que la concentración de poder, la rapidez de las reformas y la reducción de contrapesos institucionales podrían debilitar el Estado de derecho en el largo plazo.