El derrumbe del inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad –que dejó tres trabajadores muertos– detonó un conflicto entre la alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad de México por la responsabilidad en la supervisión de obras bajo el esquema de “acuerdo de facilidades”.
En un principio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó que el Gobierno capitalino concentró las atribuciones de autorización y supervisión del inmueble colapsado; mientras que la Secretaría de Vivienda rechazó dicha interpretación y sostuvo que las alcaldías mantienen la obligación de verificar las obras.
Alcaldía acusa bloqueo y responsabilidad central
La alcaldesa de oposición aseguró que existen documentos oficiales que prueban que la alcaldía solicitó realizar visitas de verificación en seis de 17 demoliciones activas bajo el esquema de facilidades, pero dichas inspecciones no fueron permitidas.
“Solo el Gobierno de la ciudad puede verificar esas obras”, afirmó la edil, al señalar que esa fue la respuesta recibida bajo el argumento de que las demoliciones están reguladas por el acuerdo derivado de la reconstrucción tras el sismo de 2017.
Sostuvo que el inmueble colapsado contaba con autorización del Gobierno capitalino, lo que implicaba —dijo— la responsabilidad de supervisar la obra y garantizar condiciones de seguridad.
Según su versión, la alcaldía había detectado previamente riesgos estructurales y decidió no autorizar la demolición; sin embargo, el gobierno central otorgó posteriormente el permiso bajo el esquema excepcional.
Además, señaló limitaciones operativas del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que, afirmó, no ha podido atender múltiples solicitudes de inspección por falta de personal. “Ellos autorizaron, ellos debían supervisar”, insistió.
Gobierno CDMX rechaza interpretación y revira
En respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, negó que el acuerdo de facilidades administrativas traslade responsabilidades a la administración central.
El funcionario afirmó que existe una “interpretación equivocada” del mecanismo, el cual, explicó, únicamente agiliza trámites, pero no sustituye ni modifica las obligaciones legales en materia de verificación y supervisión, pues “este acuerdo no está por encima de la ley ni de la Constitución”.
Dijo que la normatividad vigente establece que las alcaldías tienen la potestad exclusiva de verificar construcciones y demoliciones, independientemente de que exista un esquema de facilidades administrativas.
Asimismo, detalló que el caso de San Antonio Abad fue analizado por la Comisión para la Reconstrucción –en la que participa la propia alcaldía– y que las facilidades otorgadas se limitaron a exenciones administrativas, no a permisos absolutos.
Disputa por el “acuerdo de facilidades”
El centro del conflicto radica en la interpretación del llamado “acuerdo de facilidades administrativas”, un mecanismo creado tras el sismo de 2017 para agilizar la demolición de inmuebles con riesgo estructural.
Mientras la alcaldía sostiene que este esquema concentra atribuciones en dependencias del Gobierno central —incluida la supervisión—, la administración capitalina insiste en que no exime a ninguna autoridad de cumplir con sus responsabilidades legales.
Aunado a ello, ambas partes coincidieron en que se ha brindado atención a las víctimas. El gobierno capitalino informó que, a través de instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se da acompañamiento a las familias, mientras que la alcaldía reportó la atención al único sobreviviente.
Investigación en curso
El Gobierno de la Ciudad de México informó que el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) donde se presentarán pruebas documentales para deslindar responsabilidades.
En tanto, la alcaldesa de Cuauhtémoc pidió revisar los mecanismos actuales para evitar nuevos incidentes y criticó que el caso se lleve al terreno político. “La verdad está sobre la mesa”, concluyó.