El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una expansión significativa de su programa de bonos de visa, el cual integrará a 12 naciones adicionales a partir del próximo 2 de abril. Con esta medida, un total de 50 países quedarán sujetos a una normativa que exige a sus ciudadanos la presentación de una fianza de 15 mil dólares como requisito previo para obtener visados de negocios (B1) o turismo (B2).
Las nuevas naciones incorporadas a este listado son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Estos territorios se añaden a una lista previa de 38 países que ya enfrentaban esta restricción, entre los que figuran Cuba, Venezuela, Afganistán, Angola y Nigeria, entre otros.
El objetivo central de esta política radica en la prevención de la estancia ilegal de extranjeros una vez vencido el permiso de viaje. Según datos oficiales, el sistema de fianzas demostró una eficacia notable: de los casi mil extranjeros que recibieron visados bajo este esquema, el 97% regresó a sus países de origen en el tiempo estipulado. Esta cifra contrasta con las estadísticas del último año de la administración anterior, cuando más de 44 mil visitantes procedentes de estos mismos 50 países excedieron el tiempo permitido de su estancia.
La fianza de 15 mil dólares funciona como una garantía financiera; el monto regresa íntegramente a los beneficiarios que cumplan con los términos de su visado y retornen a casa, o bien a aquellos que finalmente decidan no realizar el viaje. El Departamento de Estado mantiene la facultad de seguir incluyendo países en este programa basándose en diversos factores de riesgo migratorio detectados por sus oficinas consulares.
Además del control migratorio, las autoridades destacan un ahorro sustancial para el erario público. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el costo promedio para procesar la expulsión de un extranjero presente de forma ilegal supera los 18 mil dólares.
Con la implementación y ampliación de este programa, el gobierno estadounidense proyecta un ahorro de hasta 800 millones de dólares anuales al reducir la necesidad de ejecutar procesos de deportación para quienes permanecen más tiempo del autorizado. Esta estrategia busca que el costo de la vigilancia migratoria recaiga en el cumplimiento del viajero y no en el contribuyente estadounidense.