La confrontación política por el derrumbe en San Antonio Abad 124 escaló este miércoles, luego de que el Grupo Parlamentario de Morena respondiera a las acusaciones de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien ha sostenido que el permiso para la demolición fue otorgado por el gobierno capitalino.
En conferencia de prensa, legisladores oficialistas presentaron documentos y capturas de pantalla que, aseguran, contradicen la versión de la edil y evidencian inconsistencias en la actuación de la alcaldía Cuauhtémoc.
Morena acusa “rechazo extemporáneo”
Morena difundió imágenes del sistema interno Sagnet, utilizado para el seguimiento de trámites de obra, el cual —según afirmaron— cuenta con registros verificables y “huella digital”. Según los datos, la solicitud de demolición ingresó el 26 de septiembre de 2025 y permaneció activa durante meses.
Los legisladores subrayaron que el 28 de octubre de 2025 no hubo un rechazo, sino una “prevención”, es decir, una solicitud de documentación adicional a la empresa responsable. El punto central de su argumento radica en que el estatus de “rechazado” aparece fechado el 10 de marzo de 2026 a las 12:02 horas, un día después del colapso ocurrido el 9 de marzo.
Para Morena, este registro sugiere que la negativa fue emitida de forma posterior al accidente, lo que calificaron como un intento de deslindar responsabilidades. Además, rechazaron la interpretación del “Acuerdo de Facilidades Administrativas”, al señalar que este no elimina la obligación de tramitar permisos ni la facultad de supervisión de las alcaldías.
El argumento de Rojo de la Vega
Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega ha reiterado que la autorización para la demolición fue otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de un esquema derivado de los sismos de 2017. Según su versión, dicha autorización implicaba también la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad.
La alcaldesa ha señalado que su administración detectó riesgos en el inmueble y que inicialmente no permitió la demolición. Sin embargo, sostiene que posteriormente el proceso fue avalado por autoridades centrales, lo que, afirma, traslada la obligación de vigilancia.