El comercio en vía pública podría ser reconocido como una modalidad legítima del derecho al trabajo en la Ciudad de México. La diputada local Diana Sánchez Barrios, aliada de Morena, presentó una iniciativa para incorporar esta actividad en la Constitución capitalina, en un contexto marcado por el crecimiento del empleo informal y su peso en la economía urbana.
La propuesta, denominada “Chambeando ando constitucional”, plantea modificar diversos artículos para otorgar reconocimiento jurídico al comercio popular, así como establecer garantías laborales y de no discriminación para quienes dependen de esta actividad.
Reconocimiento constitucional y derechos laborales
El proyecto contempla reformas a los artículos 10, 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer que el comercio en vía pública forma parte de la economía urbana y contribuye al desarrollo comunitario.
Entre los alcances de la iniciativa se encuentran el reconocimiento de condiciones laborales justas, seguridad jurídica y protección contra prácticas discriminatorias hacia las personas que ejercen el comercio informal.
Además, se propone que el derecho a la Ciudad incluya el uso del espacio público para actividades económicas de subsistencia, bajo criterios de igualdad y acceso.
Ordenamiento del espacio público
La legisladora señaló que la iniciativa no busca incentivar el crecimiento descontrolado del comercio informal, sino generar mecanismos para su regulación mediante acuerdos con los propios trabajadores.
En ese sentido, el proyecto incorpora un artículo transitorio que establece un plazo de 180 días para que el Congreso local defina zonas específicas destinadas al comercio y la cultura popular, lo que implicaría una reorganización del uso del espacio público en la capital.
Impacto social y dimensión económica
De acuerdo con la morenista, cerca de dos millones de personas dependen directamente del comercio en vía pública en la Ciudad de México, lo que posiciona a este sector como un componente relevante dentro de la dinámica económica local.
El reconocimiento constitucional del comercio informal podría modificar la relación entre autoridades y trabajadores del sector, al pasar de esquemas de tolerancia o regulación administrativa a un marco de derechos explícitos.
Reacción de comerciantes y proceso legislativo
Tras la presentación de la iniciativa, cientos de comerciantes se congregaron en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México para manifestar su respaldo a la propuesta.
El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis y eventual dictaminación, donde se prevé un debate sobre el equilibrio entre el derecho al trabajo, el ordenamiento urbano y el uso del espacio público.