El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes denunció la presunta complicidad de elementos de corporaciones policiales —incluyendo Policía Cibernética, Policía Municipal y Estatal— en redes de trata de adolescentes con fines de explotación sexual.
De acuerdo con la organización, existen antecedentes al interior de estas instituciones que no habrían sido investigados ni canalizados a las autoridades correspondientes.
Su presidenta, Marina Ávila Montejo, solicitó la apertura de investigaciones independientes para esclarecer posibles responsabilidades dentro de las corporaciones, así como la intervención de instancias externas.
<i>Hacemos responsable al Estado de garantizar condiciones de seguridad para quienes denunciamos y acompañamos, así como de asegurar el acceso a la verdad y a la justicia para cada una de las víctima</i>s
— Marina Ávila Montejo
El pronunciamiento ocurre luego de que, según reportes de medios locales, días antes se desmantelara un bar en la colonia Las Flores, donde se detectó la explotación de menores de edad. En el operativo fue detenido un hombre señalado como presunto proxeneta.
Presidente municipal evita pronunciarse sobre el caso
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) emitió un comunicado en el que exige a la Secretaría de las Mujeres iniciar una investigación formal y declarar la Alerta de Violencia de Género en Aguascalientes.
El OCNF, integrado por 40 organizaciones en 22 estados, advirtió que los antecedentes de violencia y presuntas omisiones institucionales en la entidad no han sido debidamente investigados, por lo que solicitó medidas urgentes de protección para víctimas, sus familias y las organizaciones que acompañan los casos.
El caso ha generado atención a nivel nacional y se suma a otros en México donde se ha señalado la posible colusión de autoridades con redes de trata.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido una postura oficial por parte del presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, ni de la Secretaría de las Mujeres o la Fiscalía General del Estado.