Durante la conferencia matutina de este martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una propuesta de reforma integral para homologar el delito de feminicidio en todo el país, con el objetivo de unificar criterios, endurecer penas y garantizar una investigación con perspectiva de género en todos los casos.
La iniciativa plantea establecer un tipo penal único, bajo el cual se considerará feminicidio cuando una mujer sea privada de la vida por razones de género. Entre los elementos que permitirían acreditar este delito se incluyen signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, contextos de desigualdad de poder o motivaciones basadas en estereotipos y prejuicios.
Penas más severas y sin beneficios
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el endurecimiento de sanciones. El proyecto contempla penas de 40 a 70 años de prisión, así como multas económicas, además de un catálogo de agravantes —más de 20— que permitirían aumentar la condena hasta en una mitad adicional.
Asimismo, se establece que no procederán atenuantes ni beneficios como la conmutación de pena, libertad condicionada o amnistías en casos de feminicidio. Incluso, el delito sería considerado imprescriptible, junto con las sanciones y la reparación del daño.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
La reforma también busca transformar la manera en que se investigan estos crímenes. Se propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio, obligando al Ministerio Público a actuar de oficio y aplicar protocolos especializados.
Además, se plantea fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales mediante la creación de unidades especializadas, así como el uso de inteligencia y servicios periciales para garantizar investigaciones más sólidas.
El proyecto incluye la emisión de un Protocolo Nacional Homologado para la investigación del delito, con el fin de evitar omisiones, estandarizar procedimientos y eliminar prácticas basadas en estereotipos de género.
Nuevas responsabilidades y reparación integral
Otro de los puntos relevantes es la incorporación de responsabilidades adicionales para los agresores, como la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, custodia y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La iniciativa también pone énfasis en la reparación integral del daño y en la protección de víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio.
Hacia una ley nacional
La propuesta contempla una estructura legal de 52 artículos, organizados en ocho títulos que abarcan desde disposiciones generales hasta políticas de prevención y atención de la violencia feminicida.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca cerrar brechas entre estados, eliminar disparidades legales y establecer un marco uniforme que permita combatir de manera más efectiva el feminicidio en México.