Tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas, un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy.
La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja, quien consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal. No obstante, Bonilla Valdez se mantiene como inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante sentencia, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Defensa cuestiona competencia y pruebas
Durante la audiencia, que inició a las 9:23, la defensa del exgobernador presentó cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación.
Los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez señalaron, en primer término, que la autoridad que llevó el caso sería incompetente, al tratarse —según su postura— de posibles actos de corrupción que deberían ser investigados por una fiscalía especializada.
Asimismo, argumentaron la falta de pruebas para sustentar los delitos imputados. En el caso de abuso de autoridad, indicaron que el pago de 123 millones de pesos se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla Valdez.
En esa misma línea, sostuvieron que los hechos relacionados con el presunto peculado también habrían ocurrido fuera de su administración.
Respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la defensa afirmó que no se configura, ya que el proyecto de la planta fotovoltaica corresponde a un contrato plurianual de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal, como lo establece la tipificación del delito.
Juez determina seguir proceso
Pese a los argumentos expuestos por la defensa, el juez resolvió vincular a proceso al exmandatario por los tres delitos señalados.
La decisión marca un avance relevante en un caso que se había mantenido estancado durante casi cuatro años desde la presentación de la denuncia.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el proceso no avanzó previamente debido al fuero constitucional con el que contaba Bonilla Valdez durante su etapa como senador, así como por diversas ausencias en audiencias por distintos motivos.
Fue hasta inicios de marzo de 2026 cuando se giró una orden de presentación en su contra, lo que permitió retomar el curso del procedimiento judicial.
Medidas cautelares y tiempos del proceso
Como parte de la resolución, el juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se impuso como medida cautelar el pago de 100 mil pesos.
Caso reabre debate político en Baja California
La vinculación a proceso de Jaime Bonilla no solo tiene implicaciones legales, sino que también reaviva el debate político en Baja California, donde el proyecto Next Energy ha sido señalado como uno de los temas más controvertidos de su administración.
El avance del caso podría tener repercusiones en el escenario político local y nacional, particularmente por tratarse de un exgobernador y exsenador, cuya gestión ha sido objeto de señalamientos en torno al manejo de recursos públicos.
Será en los próximos meses cuando la investigación complementaria defina si existen elementos suficientes para llevar el caso a una etapa de juicio, en la que se determinará la responsabilidad penal del exfuncionario.