Un tribunal federal en Waco, Texas, dictó una sentencia de 80 años de prisión contra Kevin Duane Pridemore, de 41 años, tras ser declarado culpable de producir y poseer material de abuso sexual infantil. El juez federal Alan D. Albright impuso esta pena de forma consecutiva, desglosada en 360 meses por cada uno de los dos cargos de producción de pornografía infantil y 240 meses adicionales por el cargo de posesión. Con esta resolución, Pridemore permanecerá el resto de su vida en una cárcel federal sin posibilidad de libertad condicional.
La investigación del FBI reveló un patrón sistemático de abuso de confianza. Pridemore utilizaba su empleo como niñero para acceder a menores de edad bajo su cuidado, aprovechando la vulnerabilidad de las familias que confiaban en él. Las autoridades identificaron al menos a cuatro víctimas directas, entre las que se encontraban bebés, niños pequeños y menores de entre cinco y siete años. El material audiovisual recuperado no solo documentaba los abusos, sino que también se compartía en plataformas ilegales de explotación infantil.
El operativo que llevó a su captura inició tras detectar la actividad del acusado en un sitio web especializado en este tipo de material, donde intercambió al menos 50 mensajes. El 24 de marzo de 2025, agentes federales ejecutaron una orden de registro en su domicilio, incautando dispositivos de almacenamiento digital.
El análisis forense posterior descubrió un archivo masivo compuesto por 23 mil728 imágenes y 155 videos. Entre las pruebas más contundentes figuraba una grabación de 15 minutos que documentaba la agresión sexual contra una niña.
Durante el proceso judicial, el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, calificó los actos de Pridemore como atroces y subrayó que la sentencia busca marcar un precedente en el tratamiento de estos crímenes. Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal ordenó al condenado el pago de 207 mil dólares como indemnización para las víctimas identificadas en el caso.
El FBI reiteró su política de tolerancia cero ante delitos contra la infancia, destacando que el uso de técnicas avanzadas de análisis digital resultó fundamental para sostener la acusación. La fiscalía enfatizó que, si bien la sentencia no repara el daño causado a las familias, garantiza que el agresor no volverá a tener contacto con menores en libertad.