El gobierno de México pasó de la protesta diplomática a una ofensiva legal internacional contra los centros de detención de ICE, con el caso de Adelanto, California, como epicentro del escándalo, luego de una serie de muertes de migrantes mexicanos bajo custodia en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir la crisis de derechos humanos en estos centros, luego de confirmarse la muerte más reciente de un connacional el pasado 25 de marzo.
Hasta ahora, 14 migrantes han muerto bajo custodia de ICE en apenas 14 meses, lo que enciende las alarmas dentro y fuera de México.
En particular la atención se centra en el centro de detención de Adelanto, tras confirmarse que en ese lugar se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el caso de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente por personal de seguridad y posteriormente declarado muerto en un hospital de California.
Este caso se suma a otros episodios que ponen foco en las condiciones dentro de las instalaciones migratorias, incluyendo el fallecimiento de un joven de 19 años en Florida bajo circunstancias que aún se investigan.
Por ello, la Cancillería mexicana no solo activó protocolos consulares, sino que decidió entrar directamente al terreno legal en Estados Unidos.
“Amicus curiae” contra ICE
Este lunes se anuncia la participación del gobierno mexicano en la demanda L.T. Mesrobian, presentada por la organización legal Public Counsel en Los Ángeles.
La cancillería explicó que la figura jurídica elegida —amicus curiae— permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre lo que considera condiciones violatorias de derechos humanos dentro del centro de Adelanto.
La demanda denuncia un escenario alarmante de condiciones insalubres, aislamiento punitivo, atención médica y de salud mental limitada, falta de acceso al aire libre, además de deficiencias en alimentación, agua y servicios básicos.
Todo esto crea el escenario de un posible caso de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales.
Presión política y la CIDH
La estrategia mexicana incluye una ofensiva diplomática que abarca el envío de cartas a legisladores de Estados Unidos denunciando la atención médica deficiente, reuniones con familias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, contacto con autoridades clave como el fiscal de California, Rob Bonta, así como una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, ya abordó el tema con el embajador estadounidense en México, elevando el caso al nivel bilateral.
Choque de versiones
Mientras México denuncia omisiones graves, la versión oficial de ICE es completamente distinta.
La agencia estadounidense sostiene que se brindó atención médica al detenido, se realizaron maniobras de reanimación, nunca se negó atención de emergencia y que las instalaciones garantizan entornos “seguros y humanos”.
Sin embargo, para el gobierno mexicano, los hechos —y sobre todo las muertes— cuentan otra historia.
Y esto lleva a que la política migratoria estadounidense empieza a ser cuestionada formalmente por un gobierno extranjero en tribunales y organismos internacionales.
El propio comunicado de la SRE habla de “graves omisiones” y “deficiencias evidentes” en la atención médica.