María Carlota Alfaro Quintana, conocida públicamente como la “abuelita sicaria”, enfrenta un nuevo episodio en su proceso legal luego de que su defensa denunciara un retraso injustificado en la colocación del brazalete electrónico, requisito indispensable para que pueda cumplir su medida cautelar de prisión domiciliaria.
De acuerdo con un comunicado firmado por su abogado, Arturo Santana Alfaro, el pasado 17 de marzo de 2026 se celebró la audiencia de revisión de medidas, derivada de un amparo federal que le concedió protección judicial.
Acusan demora en el caso de Doña Carlota
En dicha audiencia, un juez de control determinó modificar la prisión preventiva oficiosa por prisión domiciliaria, imponiendo condiciones específicas.
Entre las medidas ordenadas se encuentra el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, cubierta el 19 de marzo; la acreditación de que la imputada no cuenta con pasaporte vigente, validada mediante oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la colocación de un brazalete electrónico a cargo del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA).
Según el comunicado, esta última condición ya cuenta con avances técnicos, pues la autoridad realizó visitas domiciliarias, pruebas de comunicación y verificaciones logísticas.
Sin embargo, acusa que el CEMECA “hasta el día de la fecha no ha podido o no ha querido” instalar el dispositivo, “sin justificación alguna”, lo que ha impedido la excarcelación de la procesada.
El caso de María Carlota se remonta a un doble homicidio en Chalco, en el contexto de una disputa por la invasión de un inmueble. En paralelo, uno de los implicados en el despojo fue sentenciado a seis años de prisión, lo que reforzó la existencia del conflicto de origen. Pese al cambio de medida cautelar, la mujer continúa sujeta a proceso penal, a la espera de que se resuelva su situación jurídica.