En Michoacán, la educación se ha convertido en una de las principales apuestas para contener la violencia y reconstruir el tejido social. Sin embargo, los hechos recientes —el asesinato de dos maestras en el estado— han colocado un nuevo foco sobre una dimensión que durante años fue secundaria en la política educativa: la salud mental.
En entrevista, la secretaria de Educación estatal sostiene que el sistema educativo no solo forma estudiantes, sino que define el rumbo de una sociedad entera. Defiende los avances en estabilidad, infraestructura y cobertura, pero reconoce que el reto más complejo hoy no es administrativo ni académico, sino humano: detectar a tiempo, prevenir y atender las señales de riesgo en niñas, niños y adolescentes.
En un estado donde más de un millón de estudiantes conviven diariamente en aulas marcadas por desigualdades territoriales, la pregunta es inevitable: ¿puede la escuela convertirse en el principal dique frente a la violencia?
Secretaria, para comenzar, ¿cómo impacta el Plan Michoacán en el sistema educativo estatal y, sobre todo, en la vida cotidiana de estudiantes y docentes?
— Impacta de manera directa y profunda. Estamos hablando de más de un millón 250 mil estudiantes en el estado, de miles de maestras y maestros, y de familias completas que dependen del sistema educativo. Cuando hablamos del Plan Michoacán, hablamos de una política pública que no es abstracta: llega a los hogares, a las comunidades, a las escuelas más alejadas.
Este plan tiene tres ejes muy claros. El primero es la ampliación del sistema de becas. En Michoacán hemos fortalecido todos los programas federales, pero además creamos una beca estatal, la Gertrudis Bocanegra, que es única y que está pensada para atender una necesidad concreta: que los jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos.
El segundo eje es la infraestructura. Por primera vez se está haciendo una inversión fuerte en educación media superior y superior, porque ahí estaba uno de los cuellos de botella: muchos jóvenes terminaban secundaria, pero no tenían dónde continuar.
Y el tercer eje es el fortalecimiento docente. No basta con tener escuelas; necesitamos maestras y maestros preparados, con herramientas tecnológicas, con capacidades pedagógicas actualizadas.
Yo lo digo con mucha responsabilidad: en más de 25 años en el servicio público, no había visto una inversión de este nivel en educación.
Usted ha insistido en que la educación es una herramienta para la paz. En un contexto como el de Michoacán, ¿qué significa eso en términos concretos?
— Significa entender algo fundamental: la paz no es un decreto. No puedes decir “a partir de mañana no habrá violencia” y esperar que eso ocurra.
La paz es un proceso. Se construye todos los días, en cada espacio, pero particularmente en la escuela. ¿Por qué? Porque es ahí donde se forman las capacidades de las personas.
Un niño o una niña no nace sabiendo cómo resolver conflictos, cómo gestionar emociones, cómo tomar decisiones. Eso se aprende. Y si no se aprende, entonces queda expuesto a otros caminos.
La educación es el único instrumento que tenemos para desarrollar esas capacidades socioemocionales. Para que una persona, cuando enfrente una disyuntiva, tenga elementos para elegir un camino distinto al de la violencia.
Y hay una pregunta que siempre hago: si un joven no está en la escuela, ¿dónde está? Esa pregunta resume todo.
¿Diría entonces que la educación es una política de seguridad también?
— Absolutamente. Es la política de prevención más importante que puede tener un Estado.
A veces se piensa en la seguridad solo en términos de fuerza, de reacción. Pero la verdadera transformación ocurre cuando atacas las causas estructurales, y una de esas causas es la falta de oportunidades.
La educación genera oportunidades, pero también genera identidad, pertenencia, sentido de comunidad. Eso es clave para construir paz.
Para llegar a este punto, el sistema educativo tuvo que atravesar una crisis importante. ¿Cómo la encontró y qué se hizo para estabilizarlo?
— Lo encontramos en una situación muy compleja. Había retrasos en pagos, prestaciones pendientes, conflictos constantes con el magisterio, paros prolongados, bloqueos.
Hubo momentos en que se perdieron hasta 90 días de clases. Eso es gravísimo para cualquier sistema educativo.
Lo primero que hicimos fue recuperar la rectoría del Estado. Es decir, que la autoridad educativa volviera a tomar decisiones. Después, restablecer el diálogo con todos los actores: sindicatos, maestros, comunidades.
Y tercero, poner al centro lo que realmente importa: el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes.
Hoy tenemos tres ciclos escolares completos, pagos puntuales y estabilidad institucional. Pero esto no fue automático, fue resultado de mucho trabajo y diálogo.
¿Qué papel ha jugado la justicia laboral para docentes en este proceso?
— Ha sido fundamental. No puedes exigir resultados si no garantizas condiciones dignas.
Hemos realizado más de 29 mil acciones de regularización laboral y más de 10 mil basificaciones. Además, modernizamos el sistema de pagos: pasamos de un esquema con cheques y retrasos a pagos directos por tarjeta.
Esto no solo da certeza, también dignifica la labor docente.
Pasando al tema de comunidades indígenas, ¿cómo se integra el Plan de Justicia Purépecha en el sistema educativo?
— Se integra desde una visión de reconocimiento. Michoacán es profundamente diverso, y esa diversidad debe reflejarse en la educación.
Hoy tenemos libros de texto en lenguas originarias, programas de rescate lingüístico y un enfoque intercultural en los contenidos.
Pero más allá de lo técnico, hay un tema de fondo: la identidad. Cuando una comunidad ve reflejada su lengua y su cultura en la educación, se fortalece.
Y eso también es una forma de construir paz.
Sobre los libros de texto, ha habido un debate fuerte. ¿Cuál es su postura?
— Que el debate es necesario. La educación no puede ser estática.
Los nuevos libros tienen un valor muy importante: fueron elaborados por docentes, con una visión más amplia de la realidad del país.
¿Son perfectos? No. Ningún material lo es. Pero deben revisarse, mejorarse, enriquecerse.
Lo que no podemos hacer es cerrar el diálogo. Necesitamos discutir con información, sin prejuicios.
Entrando a un tema muy sensible: esta semana el estado vivió el asesinato de dos maestras. ¿Cómo impacta esto en la agenda educativa?
— Nos duele profundamente. No hay otra forma de decirlo.
Es un hecho que nos obliga a detenernos, a reflexionar. Yo lo veo como un punto de quiebre para revisar qué más debemos hacer.
No podemos normalizar la violencia. No podemos asumir que estos hechos son parte de la realidad y seguir igual.
Aunque sea un hecho puntual, tiene un impacto enorme en la comunidad educativa.
¿Qué cambia a partir de esto?
— Se refuerza una convicción que ya teníamos: la salud mental es prioritaria.
Desde el inicio de la administración veníamos trabajando este tema, sobre todo por los efectos de la pandemia. Pero hoy queda claro que tenemos que profundizar aún más.
¿Qué acciones concretas se están implementando en salud mental?
— Varias. Hemos desarrollado protocolos para detectar situaciones de riesgo, guías para docentes, campañas de sensibilización.
También hemos realizado evaluaciones de salud a más de 450 mil estudiantes, incluyendo aspectos emocionales.
Además, se abrió un centro especializado en salud mental. Pero sabemos que no es suficiente. ¿Dónde está el principal reto?
— En la capacidad de atención. Necesitamos más especialistas, más acompañamiento.
Hoy hay un déficit de psicólogos en las escuelas, y eso es algo que tenemos que atender.
La salud mental no puede ser un tema secundario. Es parte central de la formación.
¿Cómo detectar a tiempo situaciones de riesgo?
— Hay señales: cambios de comportamiento, aislamiento, agresividad, desinterés, alteraciones emocionales.
Por eso es tan importante capacitar a los docentes, pero también involucrar a las familias.
Usted ha insistido mucho en la corresponsabilidad. ¿Qué significa eso en este contexto?
— Significa que la escuela no puede hacerlo sola.
Los niños pasan una parte del día en la escuela, pero otra parte en casa. Y lo que aprenden en casa es igual de importante.
Si queremos prevenir la violencia, tenemos que trabajar juntos: escuela, familia y comunidad.
En este contexto, ¿cómo se inserta el debate sobre los celulares en las aulas?
— Es un tema complejo. No hay soluciones simples.
Prohibir puede parecer una respuesta rápida, pero no necesariamente es la mejor. El celular no es el problema; el problema es el uso que se le da.
Por eso estamos impulsando la iniciativa “Pausa Digital”, que busca regular el uso, establecer límites y fomentar la responsabilidad.
¿Qué plantea concretamente esta iniciativa?
Que el uso de pantallas debe ser acompañado. Que debe haber horarios, reglas claras, participación de las familias.
Y que debemos entender que la tecnología llegó para quedarse. No podemos ignorarla.
Finalmente, sobre el rezago educativo, usted ha hablado de avances importantes. ¿Qué los explica?
Tres factores: recuperar la rectoría, restablecer el diálogo y poner al centro el derecho a la educación.
Gracias a eso, logramos reincorporar a 150 mil personas al sistema educativo.
¿Y qué papel juegan las becas en ese proceso?
Son fundamentales. Las becas son un incentivo directo para las familias.
Representan un mensaje claro: queremos que sus hijos estén en la escuela.
En Michoacán hay una inversión histórica en becas, y eso se traduce en mayor permanencia escolar.
En Michoacán, la educación se ha convertido en una apuesta estratégica para contener la violencia. Sin embargo, los hechos recientes dejan claro que el desafío va más allá de las aulas.
La escuela puede ser el espacio donde se construya la paz, pero también es el lugar donde primero se reflejan las fracturas sociales.
La diferencia, como advierte la secretaria, está en algo más profundo que los programas o las cifras: en la capacidad de una sociedad para formar, cuidar y acompañar a sus nuevas generaciones antes de que sea demasiado tarde.