México obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional por más de 2,100 millones de dólares, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazara en su totalidad las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings LP y L1bre Holding LLC.
La Secretaría de Economía informó que el laudo emitido el 26 de marzo de 2026 determinó que el Estado mexicano no incurrió en incumplimientos a sus obligaciones internacionales en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El origen del conflicto
El arbitraje fue iniciado en mayo de 2020 por las empresas demandantes, quienes argumentaron que su proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México fracasó debido a supuestos actos de autoridades capitalinas entre 2016 y 2018.
Incluso, señalaron que el gobierno local habría intentado apropiarse de la tecnología vinculada al proyecto, lo que derivó en una reclamación económica superior a los 2,100 millones de dólares contra el Estado mexicano.
Tribunal desestima todas las reclamaciones
El CIADI concluyó que no existían pruebas que sustentaran las acusaciones de las empresas y determinó que el fracaso del proyecto no fue atribuible a acciones del Estado.
De acuerdo con el laudo, no se demostró que México hubiera afectado la inversión de las demandantes, y por el contrario, se estableció que el resultado del proyecto obedeció a decisiones propias de las compañías.
México recuperará costos del arbitraje
Además de desestimar la demanda, el tribunal resolvió que las empresas deberán cubrir los gastos y costos asociados al proceso arbitral en favor del Estado mexicano.
Este resultado representa un precedente relevante en la defensa jurídica del país frente a controversias internacionales en materia de inversión.
Publicación del laudo
El documento final se encuentra en proceso de revisión para determinar la información que puede hacerse pública. Una vez concluido este análisis, el laudo será publicado en el portal del CIADI.
El fallo refuerza la posición de México en arbitrajes internacionales y envía una señal sobre la capacidad del Estado para defenderse ante reclamaciones millonarias, en un contexto donde la certidumbre jurídica es clave para la atracción de inversión extranjera.