El Gobierno de México respondió al señalamiento internacional del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y rechazó su informe al considerarlo “tendencioso” y alejado de la realidad actual del país.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación aseguraron que el documento omite avances institucionales clave en la lucha contra las desapariciones forzadas.
La postura oficial se dio luego de que el Comité activara un mecanismo sin precedentes para escalar el caso de México ante instancias internacionales, al advertir posibles patrones sistemáticos en este delito.
Gobierno acusa informe “parcial y sesgado”
En el posicionamiento, las autoridades mexicanas señalaron que el informe del Comité se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y que no refleja las condiciones actuales del país.
Además, acusaron al organismo internacional de ignorar información actualizada presentada por el Estado mexicano, así como los esfuerzos institucionales impulsados en años recientes. También cuestionaron el rigor jurídico del documento y señalaron posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del Comité.
El Gobierno subrayó que, incluso dentro del propio informe, se reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática.
Defienden reformas y cooperación internacional
Las dependencias federales destacaron que, a partir de 2019 y con mayor impulso en 2025, se han implementado reformas legales y mecanismos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y la procuración de justicia.
Entre las acciones mencionadas se encuentran la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales.
Asimismo, el Gobierno reiteró que México mantiene una política de cooperación con organismos internacionales, pero advirtió que no aceptará evaluaciones construidas sobre “premisas que no reflejan su realidad actual”.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, así como con la búsqueda, identificación de víctimas y el acceso a la verdad y la justicia para las familias afectadas.