El gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración de Control de Drogas, fijó un objetivo prioritario dentro de la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades norteamericanas ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien aporte información verificable que conduzca al arresto y condena de Juan Carlos Valencia González, conocido bajo los alias de “El Pelón”, “El 03” o “El RR”. El Departamento de Estado cataloga a este individuo como uno de los presuntos sucesores en la línea de mando de la organización criminal.
Los expedientes de inteligencia señalan a Valencia González como hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Debido a esta línea directa con el núcleo fundador del grupo, agencias internacionales lo consideran la figura con mayor legitimidad para asumir las riendas operativas de la organización tras los diversos operativos que mermaron el liderazgo original del cartel.
De acuerdo con las investigaciones emitidas por cortes federales en el Distrito de Columbia, a Carlos Valencia se le imputan cargos graves relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes. Se le vincula directamente con la planeación y logística para introducir cargamentos masivos de cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Asimismo, los reportes judiciales destacan que este operador empleó armamento de alto calibre para coordinar el trasiego de sustancias y brindar protección a las células delictivas bajo su cargo.
La relevancia de este personaje aumentó en el panorama binacional debido a su origen de nacimiento. Distintos reportes periodísticos basados en datos oficiales exponen que Valencia González nació en el estado de California, un factor que le otorga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Esta condición legal representa un desafío particular para los cuerpos de seguridad de ambos países, ya que los mecanismos de inteligencia para rastrear a ciudadanos norteamericanos en el extranjero requieren de protocolos jurídicos específicos.
La DEA mantiene canales abiertos y garantiza el anonimato para todas aquellas personas que decidan colaborar aportando datos sobre los domicilios, rutas o redes de protección que utiliza el sospechoso. La entrega de los cinco millones de dólares está sujeta estrictamente al cumplimiento de las pautas establecidas por el Programa de Recompensas sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.