Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó de fondo el acceso a la pensión de viudez en México y abrió la puerta para que miles de mujeres puedan cobrar este derecho sin necesidad de haber estado casadas.
La resolución obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a dejar de exigir requisitos restrictivos como la duración del matrimonio o la acreditación exclusiva mediante acta matrimonial, al considerar que estas condiciones eran discriminatorias.
El criterio de la Corte reconoce una realidad social: muchas familias se conforman fuera del matrimonio formal. Bajo esta lógica, el acceso a la seguridad social no puede depender de un documento, sino de la existencia de una relación real y comprobable.
Con esta decisión, las concubinas y parejas de hecho podrán acceder a una pensión vitalicia, siempre que acrediten elementos como convivencia, hijos en común o dependencia económica respecto del trabajador fallecido.
Durante años, este tipo de solicitudes eran rechazadas por el IMSS cuando no existía un acta de matrimonio o no se cumplían plazos mínimos, lo que dejaba en desprotección a mujeres que dependían económicamente de su pareja.
Ahora, ese criterio quedó superado: la Corte determinó que condicionar el acceso a la pensión vulnera el principio de igualdad y el derecho a la seguridad social. Para iniciar el trámite, las solicitantes deberán presentar pruebas que acrediten la relación, como actas de nacimiento de hijos, comprobantes de domicilio compartido, estados de cuenta, registros en AFORE o testimonios.
pensión
Un cambio que redefine la seguridad social en México
El impacto de esta resolución no solo es legal, sino social: permite que mujeres que antes quedaban excluidas ahora puedan acceder a un ingreso económico tras la muerte de su pareja.
Además, abre la posibilidad de reactivar solicitudes previamente rechazadas, bajo un nuevo criterio más amplio y alineado con la realidad del país.
Con este fallo, la SCJN marca un precedente que redefine los límites entre la ley y las formas modernas de familia, colocando el derecho a la protección económica por encima de formalidades administrativas.