La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal en materia de extorsión. Esta propuesta forma parte del llamado Pacto Contra la Extorsión y representa un paso clave para fortalecer la seguridad en la capital.
La iniciativa llega respaldada por cifras contundentes. Entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la detención de 335 personas por extorsión y tentativa de extorsión. Tan solo en 2025, las detenciones aumentaron 30% respecto al año anterior, mientras que en 2026 las órdenes de aprehensión cumplimentadas crecieron 170% en comparación con 2019.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, subrayó que el Pacto Contra la Extorsión no es solo una estrategia de seguridad, sino un modelo integral que requiere la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la participación activa del sector empresarial y la ciudadanía para cerrar el paso a la impunidad.
La iniciativa, presentada a través del secretario de Gobierno, César Cravioto, contempla tres cambios clave al Código Penal local. Primero, la derogación del artículo 148 Quáter para armonizar la legislación con la Ley General en materia de extorsión publicada en noviembre de 2025. Segundo, la reforma al artículo 148 Quinquies para incluir la violencia física o moral como agravante en casos de cobranza ilegítima. Y tercero, la creación del delito de hostigamiento coercitivo, que se integraría como artículo 148 Sexies, con penas de tres a siete años de prisión.
Este nuevo delito permitiría a las autoridades actuar desde el primer acto de amenaza, sin necesidad de que exista un daño consumado o beneficio obtenido por el agresor, lo que representa un cambio significativo frente al esquema actual. Además, se plantea reformar el artículo 253 para incluir tanto la extorsión como el hostigamiento coercitivo dentro del catálogo de delitos graves.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Yuriri Ayala, afirmó que la capital “va firme contra la extorsión” y reiteró que desde el Congreso se respaldarán estas reformas para fortalecer el marco legal, impulsar la denuncia y mejorar la atención a víctimas.
El impulso a esta iniciativa surge del diálogo directo con comerciantes, transportistas y pequeños empresarios que enfrentan diariamente este delito. Con el Pacto Contra la Extorsión, el gobierno capitalino busca garantizar atención inmediata, proteger a quienes denuncian y consolidar una estrategia integral que involucre tanto a autoridades como a la sociedad civil en la lucha contra este crimen.