En un hecho sin precedentes desde su reclusión, Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha enviado una carta escrita por él dirigida al juez federal Brian Cogan, quien estuvo a cargo de su caso en los Estados Unidos. La misma llama la atención no solo por las demandas legales que contiene, sino porque fue redactada por primera vez en inglés por el propio narcotraficante, quien ha comenzado a aprender la lengua en prisión, informa Metro World News.
En el documento, Guzmán Loera solicita formalmente un trato justo dentro del sistema penitenciario estadounidense. Según el contenido de la carta, el capo hace un llamado a que se respeten sus derechos fundamentales basándose en la Constitución Política de México en relación con su mandato de extradición, así como en la Constitución de los Estados Unidos. Específicamente, invoca los artículos 1 y 8 de la carta magna estadounidense para pedir que se respete su derecho a la libre expresión y se evite la aplicación de “castigos crueles”.
A pesar del esfuerzo por comunicarse en una nueva lengua, los reportes indican que el texto es confuso y gramaticalmente incorrecto. No obstante, el mensaje central es claro: Guzmán denuncia condiciones de reclusión inhumanas que incluyen maltrato, incomunicación, falta de una alimentación adecuada y actos de tortura. Asimismo, expresó su preocupación por lo que considera una falta de evidencia en la ley federal aplicada a su proceso.
Actualmente, “El Chapo” cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, lugar al que fue trasladado tras su extradición en enero de 2017. Esta nueva petición se suma a una serie de intentos legales previos; apenas en agosto de 2025, el gobierno estadounidense autorizó que se reuniera con su abogado, Israel José Encionosa, después de que el juez Cogan sugiriera al recluso agotar primero los procesos administrativos con el Buró de Prisiones.
Esta carta representa un nuevo intento del sinaloense por buscar una “protección igualitaria” de sus derechos, argumentando que las leyes constitucionales deben ser conectadas y usadas a su favor para garantizar condiciones de vida dignas.