El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos enfrenta un cambio de mando fundamental tras la renuncia oficial de su director interino, Todd Lyons, quien presentó su carta de dimisión ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Lyons, un veterano con casi dos décadas en la agencia y exdirector de la oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación, dejará su cargo formalmente el próximo 31 de mayo de 2026, informó Metro World News.
Su gestión, que inició el 9 de marzo de 2025, estuvo marcada por ser el brazo ejecutor del plan de deportación masiva de la administración de Donald Trump. Bajo su mando, el ICE alcanzó cifras operativas impactantes: desde enero de 2025, la agencia ha deportado a más de 565 mil extranjeros. Además, Lyons defendió la implementación del programa de Salida Voluntaria Incentivada, mediante el cual 40 mil 500 migrantes abandonaron el país a cambio de 2 mil 600 dólares y el pago de su boleto de avión.
Sin embargo, el anuncio de su salida se produjo apenas horas después de una tensa comparecencia ante la Cámara de Representantes, donde enfrentó duros cuestionamientos por un número sin precedentes de muertes bajo custodia. Los datos oficiales revelan que, de las 49 muertes de migrantes documentadas en instalaciones del ICE en lo que va del año, 45 ocurrieron bajo la gestión de Lyons.
A lo largo de su encargo, Lyons se encontró en un “fuego cruzado” político. Mientras sectores conservadores le exigían una aplicación más severa de las leyes y un aumento en las detenciones, organizaciones de derechos humanos reportaban múltiples violaciones durante las redadas masivas. Incluso se documentó el trágico asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes migratorios en Mineápolis en enero pasado.
Con la partida de Lyons, la dirección del ICE queda nuevamente vacante, un puesto que no ha tenido un titular ratificado por el Senado desde la administración de Barack Obama. El futuro de la agencia ahora depende de las negociaciones presupuestales, donde los demócratas exigen rendición de cuentas, el uso de cámaras corporales y el fin de las patrullas itinerantes como condición para el financiamiento futuro.