Un Tribunal de Apelaciones resolvió este martes que Florida puede seguir adelante con una instalación levantada en los Everglades, uno de los ecosistemas más frágiles de Estados Unidos, reveló Metro World News.
La mayoría del panel concluyó que, como fueron funcionarios estatales quienes construyeron el centro de detención de migrantes, controlan el terreno y lo financiaron con recursos del estado, no era obligatorio aplicar la ley federal que exige una revisión de impacto ambiental.
Es decir, el tribunal consideró que, al no ser formalmente una obra federal, el proyecto podía quedar fuera de ciertos controles de Washington, y por esa razón, se abrió un debate sobre en qué casos un estado puede evitar ciertas reglas federales y operar bajo su propia lógica.
Resolución sobre “Alcatraz de los caimanes”
En apariencia, la discusión del Tribunal es técnica, pero en realidad el criterio avalado por la corte sugiere que un estado puede construir infraestructura migratoria por su cuenta, defender su carácter estatal y con eso intentar desengancharse de ciertas obligaciones federales.
Esto abre la puerta a que otras administraciones estatales quieran empujar medidas duras en materia migratoria sin pasar por el mismo nivel de supervisión.
Por eso el caso rebasa con mucho el apodo llamativo del “Alcatraz de los caimanes”, y ahora lo que está en juego no es solo el futuro de un centro de detención en Florida, sino el precedente que podría dejar.
Si esta lógica se consolida, deja el precedente de que el estado construye, el estado paga, el estado controla… y luego argumenta que las reglas federales no aplican del mismo modo.
Florida ganó una batalla legal
En la sesión, la mayoría del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito sostuvo que la jueza federal de distrito Kathleen Williams se había adelantado al concluir que Florida ya contaba con una decisión de reembolso federal.
Según los jueces, cuando Williams emitió su orden preliminar, Florida aún no había recibido ese dinero, y eso reforzaba la tesis de que la instalación seguía siendo una obra estatal, no federal.
Ese punto fue decisivo, porque permitió frenar la obligación de reducir operaciones por incumplimiento con la ley ambiental federal.
La orden de Williams ya había sido suspendida en agosto, apenas días después de ser emitida, y ahora el tribunal ratificó esa línea. En términos concretos, la instalación seguirá abierta mientras el caso continúa en tribunales.
Sin embargo, no todos en la corte tuvieron la misma postura, en su voto disidente, la jueza Nancy Abudu subrayó que la inmigración es una responsabilidad federal y que el hecho de que Florida haya construido la instalación no elimina la autoridad del gobierno federal sobre esa materia.
Según su postura, el centro no habría sido construido ni podría operar como instalación de detención de inmigrantes sin la participación o solicitud de los demandados federales.
Debate migratorio, ambiental y político
El caso llama la atención porque se trata de una instalación ligada a la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y está ubicada en un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ecológico.
Y encima, se convirtió en símbolo de una política de endurecimiento que parece probar hasta dónde pueden llegar los estados cuando quieren actuar con rapidez y sin demasiados frenos.
A principios de este mes, el abogado de dos personas detenidas aseguró en documentos judiciales que guardias golpearon brutalmente y rociaron con gas pimienta a inmigrantes retenidos en la instalación.
Aunque el fallo de este martes se concentró en el tema ambiental y en el carácter estatal del centro, esas denuncias evidencian qué tipo de operación se realiza en el centro de detención mientras el litigio sigue abierto.
Por lo pronto, Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity adelantaron que seguirán litigando y sostienen que la instalación fue levantada con prisa, sin la revisión ambiental básica y con un alto costo humano y ecológico.
Su argumento es que no se trata solo de un centro de detención, sino de una intervención apresurada en uno de los ecosistemas más vulnerables del país.