La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada y con unanimidad de 467 votos la reforma al artículo 73 de la Constitución, con la que se faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en todo el país.
El dictamen, impulsado a partir de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum , fue turnado a los congresos estatales y al de la Ciudad de México para su validación, como parte del proceso constitucional.
La reforma establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para emitir la legislación general en materia de feminicidio.
Mientras tanto, las disposiciones legales vigentes en las entidades federativas continuarán aplicándose hasta que entre en operación el nuevo marco jurídico nacional.
Buscan homologar el delito en todo el país
El documento señala que otorgar mayores facultades al Congreso permitirá establecer criterios homogéneos en la tipificación del feminicidio, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y reducir la impunidad.
Asimismo, se busca fortalecer la procuración de justicia y garantizar la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, particularmente su derecho a una vida libre de violencia.
Compromiso institucional y debate legislativo
La aprobación forma parte de los compromisos del gobierno federal en materia de igualdad sustantiva y combate a la violencia de género, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano presentaron reservas al dictamen; sin embargo, estas fueron retiradas, desechadas o remitidas al Diario de los Debates.
Marco jurídico nacional
Con esta reforma, el Congreso busca sentar las bases para un marco jurídico nacional que permita una respuesta más eficaz frente al feminicidio, uno de los delitos más graves en el país.
El avance legislativo abre la puerta a una mayor coordinación entre autoridades federales y estatales, aunque su impacto dependerá de la implementación de la ley general y de la capacidad institucional para garantizar su cumplimiento.