La seguridad energética de México enfrenta un desafío estructural debido a su estrecha vinculación con el suministro externo. De acuerdo con BBC, el país requiere un volumen de nueve mil millones de pies cúbicos de gas natural cada día para mantener su operatividad, pero la producción nacional apenas alcanza los dos mil 300 millones. Esta diferencia obliga a adquirir los seis mil 800 millones restantes en el mercado estadounidense, lo que significa que el 75% del consumo interno proviene del vecino del norte, principalmente del estado de Texas.
La distribución de este combustible resulta vital para la estabilidad nacional. El 56% del gas importado se destina a la generación de electricidad, mientras que Pemex emplea el 19% en sus procesos de extracción. El sector industrial consume un 13% y los hogares el 11% restante.
Según expertos como el geólogo Luca Ferrari, de la UNAM, la vulnerabilidad es mayor de lo que sugieren las cifras generales: si se descuenta el uso propio de Pemex, la dependencia del gas de Estados Unidos para el resto de las actividades nacionales escala a casi un 90%.
Esta subordinación logística conlleva riesgos operativos severos. México cuenta únicamente con infraestructura de almacenamiento para cubrir tres días de demanda. El antecedente de 2021, cuando una tormenta invernal en Texas provocó el cierre de gasoductos y dejó sin luz a casi la mitad del territorio mexicano, evidenció la fragilidad del sistema. Ante cualquier eventualidad climática o política, el país carece de fuentes alternas suficientes para abastecer a 130 millones de habitantes.
Frente a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa un cambio en la estrategia energética. A pesar de su histórica oposición personal a la fracturación hidráulica o fracking, la mandataria instaló un panel de científicos para evaluar si existen nuevas tecnologías capaces de reducir el impacto ambiental de esta técnica. El objetivo radica en determinar la viabilidad de explotar los yacimientos de gas de esquisto en suelo mexicano para fortalecer la soberanía del país.
La administración federal proyecta elevar la participación de energías renovables en la matriz eléctrica del 24% al 38% para el año 2030. Sin embargo, el crecimiento de la demanda impide prescindir del gas a corto plazo. La reciente inestabilidad en los precios internacionales por el conflicto en Irán y la crisis en Medio Oriente aceleró la necesidad de buscar soluciones locales. Para el gobierno, el desarrollo de las próximas generaciones depende de reducir esta exposición a mercados externos y revertir el declive de la producción nacional de hidrocarburos.
