La tensión diplomática bilateral experimenta un giro drástico luego de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, utilizara un evento industrial en el noroeste de Sinaloa para lanzar una severa advertencia al gobierno mexicano.
Durante la inauguración de las obras de la gigantesca planta de metanol Pacifico Mexinol en Los Mochis un proyecto que representa una de las mayores inversiones privadas de la historia reciente con un valor de tres mil 300 millones de dólares el diplomático delineó el inicio de una amplia campaña anticorrupción orquestada por la administración Trump, recopiló Metro World News.
Según la información publicada por el diario Los Ángeles Times este mensaje oficial advierte directamente que el gobierno de Estados Unidos perseguirá sin tregua a aquellos servidores públicos mexicanos que presuntamente mantengan vínculos operativos o financieros con los cárteles de la droga, marcando un agresivo cambio de estrategia que podría sacudir fuertemente las próximas renegociaciones del tratado de libre comercio norteamericano.
Johnson subrayó ante un grupo de altos ejecutivos inversores y autoridades estatales que la epidemia de gobernanza corrupta frena el progreso, debilita la competencia y erosiona la confianza vital para los mercados internacionales, advirtiendo metafóricamente que las inversiones fluyen como el agua solo cuando existen las condiciones idóneas.
El extenso reporte periodístico indica que la ofensiva legal estadounidense planea ir mucho más allá de las tradicionales sanciones diplomáticas o la simple cancelación de visas.
Esta vez el sistema de justicia del país vecino buscaría emitir acusaciones formales directamente en cortes federales contra políticos mexicanos de diversos niveles incluyendo miembros destacados del actual bloque oficialista.
Ronald Johnson
Para lograr sustentar estos procesos penales transfronterizos, los fiscales estadounidenses contemplan utilizar una vasta red de informantes conformada por decenas de antiguos miembros del crimen organizado que actualmente cumplen condenas bajo custodia en aquel país entre ellos herederos y operadores históricos de la mafia sinaloense.
La cuidadosa elección de Sinaloa para emitir este ultimátum conlleva una inmensa carga política ya que expone abiertamente las vulnerabilidades de figuras locales.
Ante las amenazas de procesamientos judiciales externos la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con notoria tranquilidad durante su habitual conferencia matutina.
Descartando de tajo cualquier escenario alarmista de invasión militar o captura territorial la científica y mandataria restó dramatismo a la ofensiva riendo ante los cuestionamientos y asegurando que su administración trabaja tenazmente en erradicar esas prácticas irregulares.
Al mismo tiempo sugirió que el gobierno estadounidense debería aplicar medidas anticorrupción similares dentro de su propio territorio dejando claro el complejo reto diplomático de mantener el equilibrio entre las exigencias de Washington y la defensa de su estructura política frente a este inminente embate judicial internacional.