El Gobierno de Estados Unidos implementa medidas para agilizar la expulsión de niños migrantes que se encuentran bajo custodia federal. Según funcionarios de la administración y asesores legales consultados, existe una presión directa desde la Casa Blanca para que los menores sean procesados con rapidez, lo que resulta en el adelantamiento de audiencias judiciales que antes se programaban con meses de antelación.
Esta estrategia judicial obliga a niños de hasta cuatro años a comparecer repetidamente ante tribunales de migración para informar sobre el estatus de sus casos, en ocasiones sin contar con asistencia legal, recopiló Metro World News.
Los abogados defensores señalan que las fechas de las audiencias, en las que se decide la permanencia o deportación, se adelantan de forma abrupta. En Texas, por ejemplo, los procesos de 300 menores en albergues sufrieron cambios repentinos de fecha con muy poco aviso; casos programados originalmente para 2027 se movieron a plazos menores a una semana.
La celeridad de los trámites dificulta la obtención de medidas de alivio migratorio, como el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, el cual requiere procesos previos en tribunales estatales que suelen durar meses. Organizaciones como Kids in Need of Defense advierten sobre el impacto psicológico en los menores, quienes enfrentan niveles extremos de estrés y confusión ante un sistema que desconocen.
Expertos como Alexa Sendukas explican que trabajar con niños que sobrevivieron a traumas requiere tiempo para generar confianza, un recurso que los nuevos plazos eliminan.
Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el portavoz Andrew Nixon argumenta que el objetivo es resolver los casos de manera eficiente para desmantelar redes de trata y explotación infantil operadas por cárteles. La administración sostiene que agilizar el retorno de los menores a sus países de origen garantiza su seguridad y reduce costos para los contribuyentes.
Paralelamente, se aplican mayores restricciones para la entrega de niños a patrocinadores o familiares dentro de Estados Unidos, lo que mantiene a los menores bajo custodia federal por un promedio de siete meses.
En la actualidad, más de dos mil niños permanecen en instalaciones financiadas por el HHS en 24 estados. Mientras la Casa Blanca justifica estas acciones como una labor humanitaria para localizar a menores supuestamente desaparecidos en gestiones anteriores, abogados como Scott Bassett afirman que el propósito real es facilitar la salida masiva de estos jóvenes del país, limitando su capacidad de defensa legal efectiva.