El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó que la iniciativa de reforma en materia de “rentas justas”, presentada por la jefa de Gobierno, sea sometida a consulta pública antes de su dictaminación, además de llevar a cabo un ejercicio de parlamento abierto conforme a la ley.
La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, Olivia Garza, acompañada del coordinador parlamentario Andrés Atayde y legisladores de su bancada, subrayó que una reforma de esta magnitud no puede aprobarse sin escuchar a los sectores directamente involucrados.
“Se trata de una medida que incide en el acceso a la vivienda, pero también en la estabilidad económica de miles de familias. No podemos legislar sobre vivienda sin escuchar a quienes viven de una renta o dependen de ella para subsistir”.
— Olivia Garza
La legisladora panista también exigió que el proceso de dictaminación incluya un estudio de impacto económico sólido, con base en evidencia técnica, que evalúe la viabilidad financiera de la propuesta y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo.
Por su parte, Andrés Atayde reconoció que el diagnóstico del problema habitacional es compartido con el Gobierno capitalino: cada vez es más difícil acceder a una vivienda en renta o en propiedad en la CDMX. Sin embargo, atribuyó esta situación a décadas de políticas públicas insuficientes para garantizar una oferta adecuada.
El coordinador del PAN aseguró que su bancada está abierta al diálogo, pero advirtió que cualquier reforma en materia de vivienda debe analizarse con rigor, sin afectar el derecho a la propiedad privada y fomentando incentivos para la inversión.
“La vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas en esta ciudad. Cualquier propuesta debe analizarse con seriedad, sin violentar la propiedad privada y generando condiciones para la inversión pública y privada”.
— Andrés Atayde
Olivia Garza detalló que la iniciativa podría impactar a más de 4 millones de personas en la capital. Explicó que alrededor de 2 millones de habitantes viven actualmente en viviendas rentadas, mientras que otras 2 millones dependen de esos ingresos. En la ciudad existen cerca de 600 mil viviendas en renta.
Además, advirtió que la propuesta del Gobierno no distingue entre tipos de propietarios, por lo que el impacto recaería principalmente en pequeños arrendadores y no en grandes inmobiliarias.
Según expuso, la iniciativa plantea posibles controles o topes a las rentas sin considerar los costos asociados como mantenimiento, inflación, impuestos y servicios, lo que podría generar un desequilibrio económico.
“Una persona que vive de una renta, especialmente adultos mayores y mujeres, podría terminar gastando más en su vivienda de lo que recibe. Se controlan ingresos, pero no los gastos”, alertó.
Finalmente, cuestionó que las grandes inmobiliarias cuentan con herramientas financieras y fiscales para absorber pérdidas, mientras que los pequeños propietarios serían los más afectados por la regulación.