El panorama para la política del estado de Sinaloa ha dado un giro dramático tras el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha formalizado una acusación contra el gobernador y otros nueve funcionarios mexicanos, señalándolos como piezas clave en una conspiración de narcotráfico y delitos de armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa. Ante la gravedad de los cargos federales presentados, las repercusiones legales para los implicados podrían significar el fin de su libertad definitiva, informa Metro World News.
De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la fiscalía estadounidense, los acusados enfrentan un horizonte penal sumamente severo debido a la magnitud de las sustancias traficadas, que incluyen fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Los imputados están sujetos a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión en caso de ser hallados culpables. No obstante, dada la naturaleza de la conspiración y el uso de cargos públicos para facilitar el crimen organizado, la pena máxima contemplada es la cadena perpetua.
La acusación sostiene que este grupo de funcionarios, que incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, se alineó con la organización criminal, los Chapitos. Asimismo, apunta que Rocha Moya obtuvo la gubernatura en 2021 gracias a que el grupo secuestró e intimidó a sus rivales, prometiendo a cambio protección.
Según las autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa no podría operar con éxito sin el soporte de estos nombres en la ley y políticos, a quienes califican de socavar las instituciones públicas. Mientras el caso avanza bajo la supervisión de la jueza Katherine Polk Failla, los señalados residen actualmente en México y mantienen su presunción de inocencia, aunque bajo los señalamientos del gobierno estadounidense y la DEA.