Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, aparece como uno de los nombres clave dentro de la acusación federal presentada por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, reporta Metro World News.
El Departamento de Justicia resalta que Castro Zaavedra habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos —equivalentes a unos 200 mil pesos mexicanos— y, de hecho, la acusación presenta ese monto como parte de una presunta relación de pagos ilícitos, pero los señalamientos deberán probarse ante tribunales.
Castro Zaavedra fue acusado de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento; sin embargo, cabe mencionar que ninguno de estos cargos representa una sentencia y las personas acusadas conservan la presunción de inocencia.
Su cargo en Sinaloa
Dentro del expediente estadounidense, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se encuentra señalado por el gobierno estadounidense.
Ese cargo le daba acceso a información sensible sobre investigaciones, operativos y coordinación entre autoridades locales y federales, y por eso su nombre adquiere relevancia dentro de la acusación de Estados Unidos.
Castro Zaavedra también quedó como encargado del despacho de la Fiscalía tras la salida de Sara Bruna Quiñónez Estrada, en medio de la crisis institucional provocada por el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Pagos y operativos
Uno de los puntos centrales de la acusación es el presunto pago mensual de 11 mil dólares; según el Departamento de Justicia, Castro Zaavedra habría recibido ese dinero de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa vinculada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con la acusación, a cambio presuntamente habría protegido a integrantes de esa facción de arrestos e informado sobre operaciones de aplicación de la ley respaldadas por Estados Unidos.
La acusación también lo incluye dentro del grupo de funcionarios señalados por presuntamente participar en una red de protección institucional que, según autoridades estadounidenses, habría permitido al grupo criminal operar con mayor margen en Sinaloa.
El propio Departamento de Justicia precisa que los cargos son acusaciones, por lo que cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por un juez.
Casos bajo lupa
Antes de aparecer en la acusación de Estados Unidos, Dámaso Castro Zaavedra ya había estado bajo atención pública por el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado electo asesinado en 2024.
La Fiscalía de Sinaloa enfrentó cuestionamientos por las primeras versiones difundidas sobre el crimen, luego de que autoridades federales señalaran inconsistencias en la investigación inicial.
Tras la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada como fiscal de Sinaloa, Castro Zaavedra quedó como encargado del despacho de la institución, y desde ahí defendió públicamente la actuación de la Fiscalía local y sostuvo que la primera línea de investigación se construyó a partir de la versión de un testigo presencial.
Otro antecedente ocurrió tras la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, señalado por autoridades estadounidenses como jefe de seguridad de Los Chapitos.
Después de su captura en Sinaloa, el entonces vicefiscal declaró que, en el fuero común, no existían carpetas de investigación abiertas contra “El Nini” ni contra otro detenido en ese operativo.
La declaración generó polémica porque Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a la captura de Pérez Salas, mientras que autoridades locales sostenían que no era buscado por delitos del fuero común.
Cargos que enfrenta
Según la información difundida por autoridades estadounidenses, Castro Zaavedra enfrenta cargos por conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armas.
Las penas señaladas por Estados Unidos van de un mínimo obligatorio de 40 años de prisión a cadena perpetua, aunque cualquier sentencia dependerá de lo que determine un juez si el caso avanza en tribunales.
El caso del vicefiscal de Sinaloa expone uno de los puntos más delicados de la acusación estadounidense contra funcionarios mexicanos, ya que apunta a una presunta red de protección institucional vinculada con el Cártel de Sinaloa.
Por ahora, el nombre de Dámaso Castro Zaavedra queda colocado en el centro de la investigación internacional sobre narcotráfico, armas y presuntos pagos ilícitos.