La acusación federal en Estados Unidos contra 10 funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, para traficar drogas hacia territorio estadounidense, sacude a la política mexicana, informa Metro World News.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados habrían participado en una conspiración para importar grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de enfrentar cargos por uso y posesión de armas de alto poder, como ametralladoras y dispositivos destructivos.
Funcionarios señalados y nivel de poder
Entre los implicados hay figuras clave del aparato público:
- Gobernador, senadores y exsecretarios estatales
- Mandos policiales y de seguridad
- Altos funcionarios de procuración de justicia
Las autoridades estadounidenses aseguran que estos funcionarios habrían protegido operaciones del cártel, filtrado información sensible y permitido el tráfico de drogas hacia EE.UU. a cambio de sobornos millonarios.
¿De qué se les acusa exactamente?
La acusación presentada en Estados Unidos no solo menciona vínculos con el narcotráfico, sino una serie de delitos federales de alto impacto que, en conjunto, podrían derivar en sentencias de por vida.
Entre los principales cargos destacan:
Conspiración para el tráfico de drogas
Este delito implica presuntamente colaborar de forma organizada para producir, transportar o distribuir sustancias ilegales hacia territorio estadounidense.
En el sistema judicial de EE.UU., la conspiración es clave porque: No requiere que todos ejecuten el delito directamente y basta con demostrar que participaron en el plan.
Tráfico ilegal de armas
También se les señala de presuntamente facilitar el flujo de armamento, lo que habría fortalecido la capacidad operativa del grupo criminal.
Este tipo de cargo es considerado de alta gravedad porque: Involucra temas de seguridad nacional y está vinculado directamente con violencia organizada.
Protección institucional al crimen organizado
Según la acusación, algunos funcionarios habrían utilizado sus cargos para: filtrar información, evitar operativos y alertar sobre investigaciones.
Este punto es uno de los más delicados, ya que sugiere una posible infiltración dentro del aparato público.
Lavado de dinero
El presunto uso de recursos o redes financieras para ocultar el origen ilícito del dinero también forma parte del expediente.
En EE.UU., este delito se agrava cuando: Se vincula con narcotráfico e involucra estructuras gubernamentales.
Asociación delictuosa (RICO)
Uno de los cargos más severos es el uso de leyes tipo RICO, diseñadas para combatir organizaciones criminales completas.
Esto permite: Procesar a todos los involucrados como parte de una red e imponer penas acumulativas muy elevadas.
Penas hasta de cadena perpetua
Los cargos no son menores, según la acusación, enfrentarían un mínimo obligatorio de 40 años de prisión y como máximo, cadena perpetua.
En un caso específico, el de Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), la acusación incluye secuestro con resultado de muerte, lo que implica cadena perpetua obligatoria.
Corrupción al más alto nivel
La acusación va más allá del narcotráfico, plantea que funcionarios públicos habrían sido parte activa del aparato criminal, facilitando la operación del cártel desde dentro del gobierno.
Incluso, según el documento, algunos habrían participado en actos de violencia, secuestros y asesinatos relacionados con la organización criminal.