La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las recientes acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, al señalar que las solicitudes de extradición recibidas no contienen pruebas suficientes para acreditar responsabilidades.
El posicionamiento se da en medio de una creciente tensión bilateral tras la imputación por presuntos delitos de narcotráfico, armas y corrupción.
SRE: sin pruebas y revisión a cargo de la FGR
En un comunicado oficial, la cancillería informó que el 28 de abril recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana.
La dependencia subrayó que, tras una revisión jurídica inicial, “los documentos […] no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” señaladas. No obstante, precisó que será la FGR la instancia encargada de definir si existen elementos probatorios suficientes y la viabilidad de las solicitudes.
Además, la SRE adelantó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, al considerar que existen disposiciones de confidencialidad.
Acusaciones por narcotráfico y armas
Las imputaciones estadounidenses, dadas a conocer un día antes, señalan a 10 funcionarios —incluido un gobernador— por presuntamente colaborar con una organización criminal en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Según la acusación, los implicados habrían participado en una red de protección institucional a cambio de sobornos, además de enfrentar cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos y posesión de armamento de alto poder. También se les atribuye la filtración de información sensible y el uso de corporaciones de seguridad para favorecer actividades ilícitas.