La Fiscalía General de la República (FGR) respondió a las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa, al señalar que, hasta ahora, no existen elementos probatorios suficientes para proceder conforme a la legislación mexicana.
La institución confirmó que ya fue notificada sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero subrayó que cualquier acción deberá apegarse estrictamente al marco legal nacional.
Postura de la FGR
En un mensaje oficial, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, enfatizó que el proceso debe regirse por la ley y el respeto a la soberanía. “Debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente”, afirmó
Uno de los puntos centrales fue la falta de pruebas contundentes en la solicitud estadounidense. “Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, indicó. Reiteró que “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes”.
La FGR también anunció que abrirá una investigación propia para determinar si existen datos que permitan proceder en el país. Además, advirtió sobre la filtración de información: la solicitud de EE. UU. pedía que el caso se mantuviera confidencial, por lo que su difusión pública podría ser “contraria a las normas procesales”.
Acusaciones y delitos señalados
Las autoridades estadounidenses acusan a los funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia ese país. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración para distribuir fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como el uso de armas de alto poder.
También se les atribuyen actos de corrupción, como el pago de sobornos, la filtración de información sensible y la protección de operaciones criminales. Entre los casos más graves figura el secuestro y asesinato de un informante de la DEA en 2023.