El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, no se presentó este miércoles a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en medio de la polémica por los señalamientos en su contra provenientes de Estados Unidos, donde presuntamente se le vincula con el crimen organizado.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador justificó su ausencia al señalar que no prestaría condiciones para que la sesión se convirtiera en un “espectáculo indigno”, atribuido —dijo— a actores de la oposición. “Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré”, escribió.
Cambia postura tras anunciar que daría la cara
La decisión contrasta con lo expresado días antes, cuando el propio Inzunza aseguró que acudiría al Senado para desmentir las acusaciones en su contra. El cambio ha generado cuestionamientos dentro del ámbito político, donde se esperaba un posicionamiento público desde tribuna.
De acuerdo con versiones cercanas a su bancada, el senador habría optado por mantener un perfil bajo mientras su equipo legal revisa el contenido de los señalamientos que surgieron desde la Fiscalía de Nueva York.
Señalamientos desde EE.UU. y presión política
El nombre de Inzunza ha cobrado relevancia tras la filtración de documentos que, según autoridades estadounidenses, lo ubican en una presunta red de protección institucional ligada a una facción del Cártel de Sinaloa. Entre las acusaciones se encuentran supuestas facilidades logísticas y el uso de influencias en el ámbito judicial.
Ante esto, legisladores de oposición han exigido que el senador solicite licencia para enfrentar las investigaciones sin fuero constitucional. En contraste, su partido ha calificado las acusaciones como parte de un contexto de tensiones políticas entre México y Estados Unidos.
Por su parte, el legislador ha reiterado su inocencia y aseguró que no se separará del cargo, al considerar que hacerlo implicaría aceptar una responsabilidad que —afirma— no existe.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han confirmado la apertura de una investigación formal, a la espera de que el gobierno estadounidense comparta información oficial bajo los mecanismos de cooperación bilateral.