El gobierno de Estados Unidos relanzó su estrategia de deportación masiva de migrantes indocumentados, centrando sus esfuerzos operativos en las denominadas ciudades santuario. Tom Homan, designado para supervisar la seguridad fronteriza, confirmó que la administración ejecuta este plan a gran escala como respuesta a las políticas migratorias de años previos. Según el funcionario, el restablecimiento de diversas órdenes ejecutivas permitió alcanzar niveles de control fronterizo que superan registros de gestiones anteriores.
La estrategia actual prioriza la expulsión de personas con antecedentes penales; sin embargo, datos oficiales indican que aproximadamente el 40% de los arrestados carece de historial criminal, recopiló Metro World News.
La normativa vigente permite la detención de cualquier individuo en situación irregular, incluyendo a quienes únicamente enfrentan cargos por entrada no autorizada al territorio nacional. Homan defendió estas medidas como una acción necesaria para la seguridad pública, pese a los cuestionamientos de diversas organizaciones civiles.
Las ciudades santuario, donde las autoridades locales restringen la colaboración con agentes federales, son ahora el objetivo principal de los operativos. Debido a que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas encuentran obstáculos para acceder a las cárceles locales en estas jurisdicciones, las maniobras se trasladaron directamente a las comunidades y espacios públicos.
Esta modalidad provocó un incremento en las detenciones colaterales, ya que los agentes arrestan a otros inmigrantes indocumentados que localizan durante la búsqueda de objetivos específicos.
En cuanto a la logística, la meta de la administración federal consiste en incrementar el ritmo de expulsiones mediante la contratación de 10 mil nuevos agentes y la expansión de la infraestructura de detención. Hasta la fecha, los procesos de remoción coordinados entre ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza superaron la cifra de 800 mil casos, un volumen que sobrepasa los registros de periodos anteriores.
Este despliegue de fuerza federal generó fuertes tensiones políticas y sociales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aclaró que su estado no solicitó la intervención de fuerzas federales en su territorio. Además, la ejecución de estos operativos en ciudades como Minneapolis resultó en incidentes críticos que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, casos que permanecen bajo investigación oficial.