El gobierno de Estados Unidos asestó un nuevo golpe financiero al Cártel de Sinaloa al sancionar a más de una docena de personas y empresas ligadas a una red de lavado de dinero que operaba desde criptomonedas hasta restaurantes y compañías de seguridad privada.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señaló que estas estructuras estaban vinculadas al tráfico de fentanilo y al financiamiento de la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre los principales operadores identificados aparece Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de coordinar el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, su red recogía grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos producto de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina, para posteriormente convertir el dinero en criptomonedas y transferirlo a México.
Criptomonedas, prestanombres y negocios fachada
La OFAC detalló que Ojeda Avilés tomó el control de las operaciones financieras tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, otro presunto operador del cártel relacionado con transferencias bancarias y activos digitales para mover recursos ilícitos. Las autoridades estadounidenses aseguran que las criptomonedas eran utilizadas para ocultar el origen y el destino del dinero generado por el tráfico de drogas.
Dentro de la red también fue identificado Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como el principal intermediario financiero encargado de mover grandes cantidades de dinero mediante direcciones de criptomonedas.
Además, Rodrigo Alarcón Palomares fue acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos y de participar en operaciones de lavado vinculadas al narcotráfico. Incluso, un gran jurado federal en Colorado lo acusó formalmente por delitos relacionados con criptomonedas y lavado de dinero.
Restaurantes y empresas de seguridad, en la mira
La investigación también alcanzó negocios aparentemente legales utilizados para encubrir operaciones financieras del grupo criminal.
Entre ellos destaca Gorditas Chiwas, restaurante mexicano señalado por el gobierno estadounidense de estar bajo control de Alfredo Orozco Romero, presunto operador y cobrador de deudas ligado a la estructura criminal.
También fue sancionada la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, la cual, según el Tesoro, habría servido para apoyar actividades financieras relacionadas con el cártel. Familiares de Orozco Romero fueron identificados como presuntos prestanombres dentro de la red.
Por otra parte, Estados Unidos también señaló a Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, prófugo de la justicia y acusado de traficar heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia distintos estados de la Unión Americana desde 2007.
La DEA mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Según el Departamento del Tesoro, González Peñuelas operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos relacionadas con los implicados