El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este miércoles una acusación penal en contra del expresidente cubano Raúl Castro. Esta medida judicial responde a la presunta responsabilidad del exmandatario en el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización “Hermanos al Rescate”, suceso registrado en febrero de 1996 en el estrecho de Florida. El ataque aéreo derivó en el fallecimiento de cuatro tripulantes.
La decisión marca un incremento notable en la política de presión ejercida por la administración del presidente Donald Trump hacia la isla caribeña. Durante las décadas previas, la comunidad internacional y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalaron que los hechos ocurrieron fuera del espacio aéreo cubano, calificando la acción como una violación al derecho internacional al no emitirse advertencias previas antes de disparar contra naves civiles.
El anuncio, confirmado por fuentes de la administración estadounidense, se inserta en una estrategia más amplia de confrontación política y judicial. Esta ofensiva incluye el reciente bloqueo energético impuesto a Cuba en enero pasado, el cual limitó el suministro de combustible y profundizó la crisis económica local, manifestada en apagones prolongados durante los meses recientes.
Raúl Castro, de 94 años, ocupó el cargo de ministro de Defensa durante un extenso periodo antes de asumir la presidencia en 2008 tras la enfermedad de su hermano Fidel. Aunque su retiro oficial de la jefatura de Estado ocurrió en 2018, diversos analistas subrayan su peso dentro de la estructura política cubana.
La judicialización de este caso representa un movimiento inusual al dirigir cargos penales contra un exjefe de Estado extranjero. Expertos en derecho internacional y observadores políticos advierten que la medida busca, además de la vía penal, articular una narrativa de presión orientada a promover cambios en el modelo de gobierno en la isla.
La fiscalía de Florida, encabezada por James Uthmeier, impulsó previamente pesquisas relacionadas con incidentes navales y aéreos que involucraron a autoridades cubanas en la década de los noventa.
Este proceso judicial añade una capa de complejidad a la tensa relación bilateral, justo cuando Washington endurece sus medidas de control y sanciones. Hasta el momento, las autoridades cubanas califican estos movimientos como acciones de injerencia destinadas a desestabilizar la soberanía nacional. El caso permanece abierto en los tribunales estadounidenses mientras la administración de Trump intensifica sus mecanismos de restricción contra el gobierno de la isla.