El Congreso de la Ciudad de México avaló una reforma al Código Penal local para sancionar nuevas modalidades de extorsión, entre ellas el hostigamiento coercitivo, las amenazas digitales, la cobranza violenta y el uso de inteligencia artificial para usurpar identidades.
Durante la sesión, el pleno aprobó el dictamen con 40 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano, como parte de las reformas en materia de extorsión y delitos coercitivos impulsadas desde el gobierno capitalino.
La propuesta surgió de una iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dentro del Pacto Contra la Extorsión, estrategia que busca alinear la legislación local con la política nacional de seguridad y cerrar espacios de impunidad frente a nuevas formas de intimidación.
¿Qué es el hostigamiento coercitivo?
Con la reforma, el delito de hostigamiento coercitivo queda establecido en el Código Penal local para sancionar a quien, mediante violencia física o moral, pretenda obligar a otra persona a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.
De acuerdo con el dictamen, esta conducta será castigada con tres a siete años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa busca que las autoridades puedan intervenir desde las primeras amenazas o actos de presión, sin esperar a que la extorsión se consume. La propuesta recibida por el Congreso capitalino planteó incorporar este tipo penal porque existen conductas cotidianas que afectan la seguridad de las personas, pero no siempre encuadran en la definición tradicional de extorsión.
Castigarán cobranza violenta y amenazas con contenido íntimo
El dictamen también endurece sanciones contra prácticas ilegales de cobranza, sin afectar los derechos legítimos de acreedores.
En ese sentido, se impondrán de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil UMA a quien utilice medios ilícitos, violencia física o moral, hostigamiento o intimidación para cobrar una deuda.
Además, el Congreso acordó agravar el castigo al hostigamiento sexual, particularmente cuando se amenace con difundir contenido íntimo para coaccionar a las víctimas.
La reforma también contempla agravantes en el delito de extorsión, así como armonización con la legislación federal para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
Van contra extorsión con inteligencia artificial
Uno de los puntos relevantes del dictamen es el reconocimiento de nuevas modalidades de extorsión digital, entre ellas la usurpación de identidad con inteligencia artificial.
El diputado morenista Luis Alberto Chávez García señaló que los grupos delictivos han dejado atrás métodos tradicionales y ahora utilizan tecnología avanzada para engañar, simular identidades y vulnerar la tranquilidad de las familias.
Por ello, el dictamen incluye sanciones para quienes utilicen amenazas tecnológicas, como la clonación de voz con inteligencia artificial, con el objetivo de obtener beneficios ilícitos.
El documento legislativo también advierte sobre el uso de perfiles falsos creados mediante herramientas de generación de datos artificiales, con nombres, direcciones, documentos de identidad y otros detalles personales.
Estas prácticas son conocidas como deepfake, concepto que se refiere al uso de inteligencia artificial para generar imágenes, audios o videos manipulados que aparentan ser reales.
Extorsión por montachoques también tendrá agravante
La reforma impone agravantes por reincidencia en casos de extorsión derivados de hechos de tránsito o esquemas conocidos como montachoques, una práctica en la que presuntos grupos provocan o simulan accidentes para exigir pagos a conductores.
El paquete aprobado también modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia capitalina para fortalecer la investigación de estas conductas.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Alberto Martínez Urincho, el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad frente a conductas violentas y coercitivas que vulneran derechos.
“El derecho a la integridad personal implica el reconocimiento de la dignidad del ser humano y, por lo tanto, la preservación física, psíquica y moral de toda persona”, sostuvo al fundamentar el dictamen.