La prohibición de vapeadores en México abrió un debate incómodo para autoridades, consumidores y especialistas en salud pública, el del aumento del mercado negro, informa Metro World News.
Mientras algunos países avanzan hacia modelos de regulación con controles de edad, advertencias sanitarias y fiscalización, organizaciones civiles aseguran que en México la prohibición no ha eliminado el consumo y sí ha empujado una parte del mercado hacia la informalidad.
En el marco del Día Mundial del Vapeo, que organizaciones pro reducción de daños recuerdan cada 30 de mayo, México y el Mundo Vapeando aseguró que el país enfrenta una “tormenta perfecta” por la prevalencia del consumo de tabaco, el uso de cigarros electrónicos sin control y el crecimiento de un mercado negro de dispositivos y sustancias.
La postura fue expuesta por Juan José Cirión Lee, presidente de la asociación, quien sostuvo que la prohibición constitucional de vapeadores y cigarros electrónicos no desapareció la demanda, sino que cambió las condiciones de acceso.
“Aquí se configuró la Tormenta Perfecta a favor del tabaquismo”, afirmó Cirión Lee al señalar que, según sus estimaciones, cerca de tres millones de personas continúan vapeando en México pese a la política prohibicionista.
Qué prohíbe México
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2025 adicionó disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución.
El texto establece que la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, además de otras sustancias no autorizadas.
La Cámara de Diputados informó entonces que, de acuerdo con datos oficiales citados en el dictamen, para 2022 alrededor de cinco millones de personas de entre 12 y 65 años habían usado alguna vez un vapeador en México, mientras que el uso regular se ubicaba en 975 mil personas.
Para México y el Mundo Vapeando, la prohibición elevó el riesgo porque los consumidores ya no acuden a negocios establecidos, sino a vendedores informales sin trazabilidad, garantías de origen o controles mínimos sobre líquidos y dispositivos.
“Antes de la prohibición constitucional, había negocios establecidos que, bajo el cobijo de amparos, vendían dispositivos que importaban cumpliendo con normas de calidad, pero ahora todo se hace en el clandestinaje”, dijo Cirión Lee.
Mercado sin control
El principal riesgo de un mercado negro no está solo en la evasión fiscal, también está en que los productos pueden llegar a consumidores sin información clara sobre ingredientes, concentración de nicotina, procedencia, seguridad del dispositivo o edad del comprador.
Cirión Lee señaló que la compra de sustancias y dispositivos se realiza actualmente por canales informales, lo que, desde su perspectiva, facilita el acceso de menores de edad y elimina cualquier posibilidad real de control sanitario.
El dirigente también advirtió que la prohibición genera evasión por impuestos que no se cobran en importación, IVA e IEPS. Como antecedente, citó una estimación de 2022 atribuida al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, según la cual regular el vapeo podría representar cerca de 13 mil millones de pesos en recaudación, con una parte transferible a estados y municipios.
El debate de salud
Pero no se trata solo de promover su uso, la Organización Mundial de la Salud advierte que los cigarros electrónicos no son inocuos, pueden contener nicotina y otras sustancias tóxicas, y representan un riesgo particular para niñas, niños y adolescentes.
La OMS también señala que estos productos se comercializan de forma agresiva entre jóvenes, incluso mediante sabores atractivos, diseños llamativos y promoción en redes sociales. Por eso, los controles de edad, publicidad y puntos de venta son centrales en los países que deciden regularlos.
Ante esto, México y el Mundo Vapeando plantea que la regulación, no la prohibición absoluta, permitiría controlar mejor la venta, impedir acceso a menores, exigir calidad de producto y evitar que los consumidores adultos recurran a canales ilegales.
Cirión Lee afirmó que, antes de la prohibición, seis de cada 10 personas que vapeaban lo hacían como alternativa para dejar el cigarro tradicional.
Según su estimación, tres de esas seis habrían regresado al tabaco por la dificultad para conseguir dispositivos de forma menos riesgosa. Esa cifra corresponde a la organización y no sustituye mediciones oficiales de consumo.
Qué hacen otros países
El contraste internacional es parte central del debate. En Chile, la Ley 21.642 regula la venta y publicidad de vapeadores con y sin nicotina.
La OPS/OMS Chile destacó esa legislación como un hito sanitario porque prohíbe la venta a menores de 18 años, incorpora advertencias sanitarias y restringe publicidad engañosa.
Argentina también dio un giro en 2026. ANMAT y el Ministerio de Salud informaron que iniciaron un nuevo marco regulatorio para productos de tabaco y nicotina de nueva generación, con registro, control y fiscalización en lugar de un esquema de prohibición absoluta.
En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó en mayo de 2026 la comercialización de nuevos productos electrónicos de administración de nicotina bajo revisión científica y restricciones de acceso, incluidas herramientas de verificación de edad.
Estos modelos no significan que el vapeo sea seguro, lo que muestran es que varios gobiernos están intentando controlar el mercado con reglas, trazabilidad, restricciones y vigilancia sanitaria, mientras México optó por elevar la prohibición a rango constitucional.