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DHS incluye ya a españoles en lista de detenidos extranjeros utilizada para defender la política migratoria de Trump

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, difundió un video en el que menciona a detenidos de diversas nacionalidades bajo custodia migratoria, entre ellos un ciudadano español acusado de delitos relacionados con drogas y armas.

Mullin.
Mullin. Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma, se convirtió este lunes en secretario de Seguridad Nacional. (Manuel Balce Ceneta/AP)

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, colocó a un ciudadano español entre los ejemplos de extranjeros detenidos por autoridades migratorias que, según la administración del presidente Donald Trump, justifican el endurecimiento de las políticas de deportación y el enfrentamiento con las denominadas ciudades santuario.

A través de un video difundido en redes sociales, Mullin defendió las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y rechazó las críticas de líderes demócratas en Nueva Jersey sobre las condiciones de los centros de detención migratoria.

Según el funcionario, la oposición a estos centros responde a una estrategia política de autoridades locales que buscan impedir la deportación de personas acusadas o condenadas por diversos delitos.

Durante su mensaje, Mullin enumeró varios casos de extranjeros detenidos por las autoridades federales. Entre ellos mencionó a ciudadanos de El Salvador, Jamaica, México, Perú, Guatemala y Honduras vinculados, según sus declaraciones, con delitos como homicidio, tráfico de drogas, agresiones y delitos sexuales.


Llamó particularmente la atención la inclusión de un ciudadano español, una nacionalidad poco habitual en el discurso migratorio de la administración Trump. Mullin afirmó que el detenido enfrenta acusaciones relacionadas con la venta de cocaína, portación de armas prohibidas y agresión agravada.

Un hombre de España por venta de cocaína, portación de un arma prohibida y agresión agravada”, señaló el secretario durante el video.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente confrontación entre la Casa Blanca y gobiernos locales demócratas que mantienen políticas de cooperación limitada con ICE. La administración Trump sostiene que estas jurisdicciones dificultan la aplicación de las leyes migratorias y ponen en riesgo la seguridad pública.

Nueva Jersey se ha convertido en uno de los principales focos de esta disputa. En las últimas semanas, autoridades locales y activistas han protagonizado protestas contra operativos migratorios federales, mientras funcionarios de la administración republicana insisten en que las ciudades santuario obstaculizan el trabajo de las agencias de seguridad.

Mullin aseguró que recibe diariamente reportes sobre personas detenidas por las autoridades migratorias y afirmó que estas acciones forman parte de la promesa de campaña de Trump de restaurar el orden y reforzar la seguridad fronteriza.

El mensaje también llega en un contexto de creciente presión federal sobre estados y ciudades que rechazan colaborar plenamente con ICE. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han advertido que la falta de cooperación podría derivar en medidas administrativas que afectarían servicios federales relacionados con operaciones migratorias y de control fronterizo.

La inclusión de un ciudadano español en la lista presentada por Mullin refleja además cómo la narrativa de la actual administración busca enfatizar que las acciones migratorias no se limitan a personas procedentes de América Latina, sino que abarcan a extranjeros de múltiples nacionalidades que enfrentan procesos judiciales o migratorios en Estados Unidos.

Aunque el DHS no proporcionó mayores detalles sobre la identidad del ciudadano español ni sobre el estado procesal de los casos mencionados, el video se ha convertido en una nueva pieza de la estrategia de comunicación de la Casa Blanca para respaldar su agenda de deportaciones masivas y presionar a las jurisdicciones que mantienen políticas de santuario.

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