Latinoamérica enfrenta una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado: más cooperación, más intercambio de inteligencia y más presión internacional para cerrar rutas del narcotráfico, pero el consenso se topa con que nadie quiere aparecer como país que entrega su soberanía, reporta Metro World News.
Este jueves se informó que cinco países de la región dieron un paso importante, ya que Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia firmaron el Compromiso de Santiago, un acuerdo para profundizar la cooperación contra el crimen organizado transnacional.
Inicialmente se había informado que también Guatemala se había sumado, pero un desmentido de este acuerdo encendió las alertas.
De manera general el pacto contempla un grupo de trabajo y medidas concretas, medibles y verificables en cinco áreas: intercambio de información entre inteligencia, policías y fiscalías; coordinación fronteriza; trazabilidad de flujos financieros ilícitos; cooperación entre organismos técnicos y fortalecimiento de mecanismos regionales ante amenazas comunes.
Pero la diferencia que se registró con Guatemala es importante, el Compromiso de Santiago habla de coordinación entre Estados de la región, no de operaciones militares de una potencia externa.
Falta consenso regional
El problema es que Latinoamérica no actúa como un solo bloque, algunos gobiernos aceptan mayor cooperación con EE.UU. por presión del narcotráfico y el avance de bandas transnacionales.
Otros temen que esa ayuda abra la puerta a operaciones extranjeras difíciles de controlar y, de hecho, México es el caso más sensible.
La muerte de dos agentes de la CIA en el norte del país el 19 de abril pasado, después de una operación para destruir un laboratorio de drogas, elevó cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense y el nivel de autorización que tenían.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo después que había agentes que operaban sin autorización y que algunos abandonaron el país a solicitud de las autoridades.
Ese antecedente alimentó la desconfianza regional, debido a que la cooperación puede ser útil contra redes que cruzan fronteras, pero también se corre el riesgo de que genere crisis políticas si no existe claridad sobre quién opera, bajo qué mando, con qué autorización y con qué límites.
Guatemala marca el límite
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó al respecto del acuerdo que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, solicitó cooperación a EE.UU. para apoyar operaciones antidrogas lideradas por fuerzas guatemaltecas.
Según el mandatario, se trata de intensificar una colaboración que ya existe y que incluye interdicciones marítimas, capacitación, entrenamiento y equipo.
Sin embargo, el presidente subrayó que no hay una solicitud para que militares estadounidenses realicen operativos en Guatemala y que una autorización de ese tipo correspondería al Congreso de la República.
Esto implica que la cooperación policial o de inteligencia puede avanzar bajo marcos existentes, pero el ingreso o actuación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional requiere control político, base legal y autorización formal. Sin eso, el tema deja de ser cooperación y entra en terreno constitucionalmente riesgoso.
¿Qué sí se puede hacer?
La cooperación regional y bilateral contra el narcotráfico puede tomar varias formas sin implicar una intervención militar extranjera, puede incluir intercambio de inteligencia, entrenamiento, asistencia técnica, equipamiento, coordinación marítima, apoyo en vigilancia, análisis financiero y seguimiento a redes transnacionales.
Ese es el terreno que Guatemala dice mantener abierto, el gobierno afirma que desde 2024 sostiene una política continua de combate al narcotráfico y puso como ejemplo el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Ayutla, San Marcos, cerca de la frontera con México.
En ese operativo, según la información oficial citada por Arévalo, se incautó un arsenal y fueron detenidas ocho personas.
El mensaje del gobierno confirma que Guatemala quiere ayuda, pero no que el combate al narco sea presentado como una operación estadounidense en suelo guatemalteco.
Límite legal
El margen legal de cooperación depende de cada país, pero el principio es común: las operaciones de seguridad dentro de un territorio nacional deben estar bajo autoridad del Estado anfitrión y sujetas a su Constitución.
En Guatemala, Arévalo fue explícito al señalar que el Congreso tendría que autorizar operaciones militares extranjeras, y ese es el candado que separa la cooperación de una presencia armada externa.
Para que una colaboración de mayor nivel sea legalmente sólida, tendría que definir al menos cinco puntos: quién manda la operación, qué fuerzas participan, qué tareas puede hacer cada parte, qué autoridad judicial supervisa y qué responsabilidad tendría cada país si hay abusos, detenciones irregulares o muertes.
Sin esas reglas, la cooperación puede convertirse en un campo minado político y jurídico.
Narco presiona fronteras
El impulso regional de combate al narco responde a que las bandas criminales multiplican los delitos: tráfico de drogas, armas, personas y dinero que cruza puertos, pasos terrestres, rutas marítimas, ciudades fronterizas y sistemas financieros.
Por eso, el Compromiso de Santiago pone énfasis en inteligencia, fronteras y dinero ilícito, las autoridades de la región entienden que capturar cargamentos no basta si no se rastrean pagos, empresas fachada, redes logísticas y protección local.
El desafío es convertir ese discurso en resultados y, para ello, los cinco países volverán a reunirse en 180 días para revisar avances, un plazo corto que servirá para medir si el acuerdo produce acciones concretas o queda como otra declaración política.