La comparecencia en el Congreso de EE.UU. para revisar el presupuesto fiscal de 2027 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detonó una bomba de tiempo humanitaria. Lejos de ser una fría reunión de comisiones, la sesión expuso la crisis más profunda del sistema migratorio estadounidense: la pérdida de rastro de cientos de miles de niños migrantes que se teme cayeron en redes de explotación laboral y tráfico sexual.
Durante el tenso interrogatorio al secretario del DHS, Markwayne Mullin, los legisladores sacaron a la luz auditorías que revelan que la administración de Joe Biden perdió el contacto con más de 340,000 niños migrantes entregados a patrocinadores, una cifra que superó los reclamos demócratas sobre los 20,000 menores desaparecidos durante la era de Donald Trump.
El escándalo escaló cuando los congresistas advirtieron que el propio gobierno de EE.UU. podría estar facilitando de manera indirecta el abuso infantil al no fiscalizar los entornos donde terminan los menores.
Durante la audiencia sobre la propuesta presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para 2027, el principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, lanzó una dura ofensiva contra la administración Trump, a la que acusó de haber “politizado y utilizado como arma” al DHS. El legislador criticó las políticas migratorias del gobierno, denunció presuntos abusos en centros de detención administrados por ICE y CBP, y cuestionó la solicitud de nuevos recursos para las agencias migratorias. Thompson sostuvo que el Departamento se ha alejado de su misión original de proteger al país y advirtió que el Congreso no debería aprobar más fondos para las agencias federales de inmigración sin antes establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Entrenamientos “recortados” y abusos: Una muerte cada seis días
El ojo del huracán también se posó sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Se denunció que para acelerar los despliegues de agentes, el entrenamiento estándar de ICE se redujo drásticamente de 72 a solo 42 días.
Esta escasez de preparación, según denuncias en el comité, ha provocado que los agentes ignoren el estado de derecho, incurran en el uso injustificado de la fuerza —llegando incluso a la muerte de un ciudadano estadounidense— y toleren abusos en prisiones privatizadas como Delaney Hall.
Las estadísticas presentadas en el Capitolio son devastadoras: “Un número récord de personas está muriendo en los centros de detención en todo el país, a una tasa de aproximadamente una persona cada seis días. La cifra sube debido a las condiciones inhumanas, el maltrato con gas pimienta y la negligencia médica".
A pesar de esto, el DHS insiste en solicitar un fondo de 72,000 millones de dólares, catalogado por la oposición como un “fondo de lodo” (slush fund) sin rendición de cuentas.
Amenazas globales, inteligencia artificial y el peligro de los drones
Por su parte, el secretario Markwayne Mullin defendió el uso del presupuesto argumentando que la agencia está bajo una presión extrema. Reveló que debido a los constantes cierres de gobierno (shutdowns), el personal del DHS trabaja bajo una moral muy baja y que, en muchos casos, los agentes se han visto obligados a trabajar gratis. Aun así, Mullin aseguró que han logrado cubrir el 90% de sus plazas y que están utilizando Inteligencia Artificial (IA) para blindar la ciberseguridad del país.
Mullin también lanzó alertas sobre las amenazas de actores extranjeros como Irán, Rusia y Ucrania en territorio estadounidense, detallando la urgencia de invertir en tecnología contra drones. Como ejemplo de la efectividad actual, mencionó un incidente reciente en Miami donde las autoridades lograron derribar ocho drones que invadieron el espacio aéreo, deteniendo a los responsables.
El chantaje de las “Ciudades Santuario” y los eventos masivos
El clima político se mantiene al borde de la tensión. Mullin ratificó su polémico plan de retirar el procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos ubicados en “ciudades santuario”, una medida de presión política que la industria aérea ya advirtió que provocará pérdidas millonarias y un “caos innecesario” para millones de viajeros.
Todo esto ocurre mientras el país se prepara para albergar eventos de alta seguridad y visibilidad mundial, como el Mundial de la FIFA, el 250º aniversario del país y la planeación de los Juegos Olímpicos de 2028, eventos que el propio DHS califica como “entornos de alta amenaza”.
“Mataré a tu familia”: La perturbadora amenaza que enciende las alarmas
El comité legislativo abordó con profunda preocupación el clima de vulnerabilidad en el que operan los oficiales del DHS. Todo el país conoció el caso de un criminal que encaró directamente a un agente federal lanzando una advertencia tajante: “Definitivamente te mataré y definitivamente mataré a tu familia”.
Este incidente, calificado por los congresistas como “absolutamente repugnante”, no es un hecho aislado. Las autoridades denunciaron que las organizaciones delictivas y las redes de tráfico de personas están recurriendo cada vez más al doxxing (filtración de información privada en internet), el acoso y la intimidación dirigida para frenar los operativos de control.
Ante este panorama, el DHS solicitó con urgencia al Congreso una legislación estricta para endurecer las sanciones penales contra quienes amenacen o expongan la vida de los agentes federales y sus familias, exigiendo que se liberen recursos destinados exclusivamente a la protección personal de los uniformados.