El gobierno de Estados Unidos mantiene bajo investigación a dos gobernadores mexicanos del partido Morena como parte de una campaña orientada a indagar a funcionarios sospechosos de nexos con grupos delictivos, según reveló un informe del diario Los Angeles Times. Las indagatorias penales provocaron la revocación de las visas estadounidenses de ambos mandatarios estatales. No obstante, las autoridades judiciales no presentan cargos formales definitivos en estos casos, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia sobre los señalados.
El reporte del medio californiano identificó de manera particular las presuntas acusaciones que motivan las pesquisas contra cada gobernador. En el caso de Alfonso Durazo, mandatario de Sonora y exsecretario de Seguridad federal, las agencias estadounidenses concentran las indagatorias en presuntos vínculos directos con el crimen organizado, recopiló Metro World News.
Fuentes familiarizadas con la situación señalaron que la cancelación de su visado ocurrió el año pasado. Pese a esta restricción, el funcionario viaja de forma regular a territorio norteamericano para recibir tratamiento médico especializado bajo un programa de libertad condicional por beneficios públicos significativos, herramienta utilizada comúnmente para la recopilación de testimonios o pruebas.
Por otro lado, la vertiente que involucra a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, se vincula estrechamente con el contrabando de combustible ilegal, actividad conocida popularmente como “huachicol”. De acuerdo con la información difundida por Los Angeles Times, Villarreal también posee el estatus de libertad condicional por beneficio público significativo y cuenta con el acompañamiento de custodios oficiales estadounidenses al cruzar la frontera.
Ante estos señalamientos, el mandatario tamaulipeco rechazó de manera firme cualquier conducta irregular, catalogando las afirmaciones de falsas, sesgadas y carentes de todo sustento probatorio.
Esta serie de medidas unilaterales representa un giro en las políticas de Washington, las cuales se enfocaban prioritariamente en los líderes de los cárteles de la droga antes de dirigir la atención hacia los representantes electos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó su desacuerdo ante esta oleada de investigaciones, tildándolas de interferencia electoral y de violación directa a la soberanía nacional.
La mandataria federal sugirió que sectores de la política estadounidense manipulan estos casos con objetivos de posicionamiento de cara a sus propios procesos electorales.