Un juez federal dejó sin efecto la disposición del presidente Donald Trump que fijaba un cobro de 100 mil dólares para tramitar las solicitudes de la visa H-1B. El magistrado dictaminó que el Poder Ejecutivo carece de las atribuciones legales necesarias para establecer este tipo de aranceles en un programa diseñado para la contratación de personal extranjero altamente calificado por parte de corporaciones estadounidenses.
El juez de distrito, Leo Sorokin, con sede en Boston, determinó en un fallo de 42 páginas que la facultad de modificar las directrices de la política migratoria federal y fijar impuestos corresponde exclusivamente al Congreso, explicó Metro World News.
De acuerdo con la resolución judicial, los legisladores no otorgaron permisos ni delegaron competencias a la Casa Blanca para aplicar reestructuraciones de esta índole de forma unilateral.
La controversia legal inició en diciembre a raíz de una demanda interpuesta por una coalición de fiscales generales estatales pertenecientes al Partido Demócrata. La acción jurídica buscaba revertir la tarifa de 100 mil dólares que la administración de Trump instauró meses atrás con el objetivo explícito de limitar el flujo de aprobaciones de este visado, bajo el argumento de que el sistema se utilizaba de manera desmedida.
El programa H-1B permite a profesionales nacidos fuera de Estados Unidos postularse a puestos de trabajo especializados dentro de territorio norteamericano. Como requisito indispensable, los aspirantes deben contar con un título universitario de licenciatura o una certificación equivalente.
Dicho permiso migratorio mantiene una vigencia inicial de tres años, con la opción de gestionarse una renovación por un periodo idéntico. Diversos análisis económicos sostienen que este mecanismo técnico ayuda a que las compañías nacionales preserven su nivel de competitividad global y amplíen sus operaciones de negocios en el mercado.
Durante el proceso, Sorokin desestimó las justificaciones presentadas por los representantes legales del Gobierno, quienes argumentaban que la legislación de migración vigente otorgaba al mandatario la flexibilidad de moldear estas normativas.
El dictamen judicial aclaró que los estatutos vigentes no facultan al presidente para establecer cargas impositivas en los procesos migratorios. El Departamento de Justicia no emitió comentarios inmediatos sobre la resolución emitida por el tribunal.