El Departamento de Seguridad Nacional ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la deportación inmediata de extranjeros que participen en elecciones de Estados Unidos sin autorización. La medida, anunciada el 9 de junio de 2026, se aplica independientemente del estatus migratorio de la persona.
La directiva busca proteger la integridad electoral y evitar la dilución ilegal del voto ciudadano. Una carta firmada por el consejero general James Percival detalla que el voto ilegal por parte de extranjeros debilita la democracia y requiere consecuencias claras. “El voto ilegal por parte de extranjeros debilita la democracia estadounidense y debe tener consecuencias”, señaló Percival.
Los procedimientos contemplan el cruce de bases de datos de registros electorales y solicitudes de ciudadanía. ICE ejecuta la deportación sin necesidad de condena penal previa. La Ley de Inmigración y Nacionalidad sirve de base legal y permite la expulsión por voto sin autorización o por falsa declaración de ciudadanía.
La orden afecta a personas que residen en el país sin autorización, con permisos temporales o con residencia permanente. Basta con pruebas que confirmen su participación en comicios sin derecho correspondiente. El Departamento de Seguridad Nacional remarcó que estos casos suelen involucrar declaraciones falsas de ciudadanía, lo que agrava la situación legal.
La medida responde a casos detectados en meses recientes. En marzo, un ciudadano de Mauritania enfrentó acusaciones por votar en todas las elecciones presidenciales desde 2008. En mayo, cuatro extranjeros recibieron cargos por voto ilegal y declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía.
Esta directiva implementa políticas impulsadas desde la administración Trump. El 25 de marzo de 2025, el presidente firmó la orden ejecutiva 14248 para preservar la integridad de las elecciones, con reglas para verificar elegibilidad de votantes y endurecer la fiscalización. En agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración actualizó su manual para negar naturalización a residentes legales que voten o se registren de manera ilegal.