El Departamento de Educación de Estados Unidos perderá funciones clave sobre educación especial y derechos civiles, lo que afecta particularmente a familias de estudiantes con discapacidad y víctimas de discriminación escolar.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceleró el desmantelamiento funcional del Departamento de Educación al mover dos áreas sensibles.
Por ese motivo la supervisión de educación especial pasará al Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que la aplicación de derechos civiles en educación quedará en manos del Departamento de Justicia.
El cambio recorta una parte central de las funciones del departamento, aunque su cierre total solo puede aprobarlo el Congreso.
¿Qué cambia para la educación pública?
A pesar de esta decisión, el Departamento de Educación no desaparece de inmediato, pero pierde funciones clave para vigilar que las escuelas públicas cumplan con derechos de estudiantes vulnerables.
Hasta ahora, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación atendía denuncias por discriminación en escuelas, colegios y universidades que reciben fondos federales.
Con el nuevo movimiento, gran parte de esa tarea pasará al Departamento de Justicia, mientras Salud y Servicios Humanos asumirá la supervisión cotidiana de programas de educación especial.
Pero los críticos temen que dividir estas responsabilidades entre agencias genere más complejidad y menos claridad para familias, escuelas y estudiantes.
¿Y los derechos de estudiantes?
Los derechos de los estudiantes no se pierden y no desaparecen por el simple cambio de agencia.
Los estudiantes con discapacidad siguen teniendo derecho a una educación pública, gratuita y apropiada, principio conocido como FAPE, de acuerdo con recursos oficiales del Departamento de Educación.
La regulación federal también establece que una educación pública apropiada debe estar disponible para niñas, niños y jóvenes con discapacidad entre los 3 y 21 años, según corresponda.
El problema, según defensores, no es que el derecho se borre de un día para otro, sino que sea más difícil exigirlo si las responsabilidades quedan dispersas entre varias agencias.
¿Por qué preocupa el cambio?
La preocupación principal es que la educación especial no es solo un asunto médico, también incluye maestros capacitados, adaptaciones en el salón, transporte, terapias, planes educativos individualizados, evaluación escolar y derecho a aprender junto a otros estudiantes.
Education Week reportó que los programas de educación especial ayudan a escuelas a atender a más de siete millones de estudiantes K-12 con discapacidad en Estados Unidos.
También señaló que la ley federal aún obliga a las escuelas a proporcionar una educación gratuita y apropiada a estos estudiantes, independientemente del costo.
Para familias, el temor es que si antes ya era difícil conseguir servicios, evaluaciones o respuestas, ahora podría ser más complicado saber a qué oficina llamar, dónde denunciar o quién tiene la última palabra.
Denuncias de discriminación
La Oficina de Derechos Civiles indica en sus recursos oficiales que una persona puede presentar una queja si cree haber sido discriminada o sufrió represalias por una entidad cubierta por la ley.
También mantiene información para presentar denuncias en línea, por correo o mediante formularios, pero con el traslado de funciones al Departamento de Justicia, la duda es si los procesos serán más rápidos, más lentos o más difíciles de seguir.
Al respecto, EdTrust, organización de análisis educativo con sede en Washington, D.C., advirtió a la agencia AP que grupos vulnerables podrían cargar con la mayor parte de la incertidumbre creada por el cambio.
La preocupación es que la educación pública se vuelva más desigual entre estados: quienes tengan gobiernos estatales con más recursos o mejores sistemas de respuesta podrían proteger mejor a sus estudiantes; quienes vivan en zonas con menos capacidad administrativa, podrían enfrentar más obstáculos.
Gobierno de Trump
Linda McMahon, secretaria de Educación de Estados Unidos, defendió los acuerdos y sostuvo que las responsabilidades federales quedarán en agencias mejor posicionadas para apoyarlas.
La funcionaria argumentó que el gobierno busca reducir la “microgestión federal” cuando obstaculiza el éxito, pero reforzar la supervisión donde sea esencial.
Básicamente opera bajo el concepto de que a menos burocracia federal, más control local y estatal.
Cierre del Departamento de Educación
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prometió cerrar el Departamento de Educación y devolver la educación a los estados.
Sin embargo, AP recordó que solo el Congreso puede cerrar formalmente la agencia; lo que la administración sí está haciendo es mover funciones a otros departamentos federales para reducir su papel práctico.
El resultado es una especie de debilitamiento, el departamento sigue existiendo, pero con menos responsabilidades directas.
Recomendaciones a familias
Si una familia cree que su hijo no recibe servicios de educación especial, conviene conservar por escrito evaluaciones, correos con la escuela, reportes médicos, planes educativos, solicitudes de servicios y respuestas oficiales.
Si se trata de una denuncia por discriminación escolar, el canal oficial de quejas de la Oficina de Derechos Civiles sigue activo y permite presentar reclamos por discriminación o represalias.
Aquí la clave es que un sistema que podría volverse más fragmentado, tener fechas, nombres, correos, reportes y respuestas por escrito puede ser la diferencia entre una queja ignorada y un caso con seguimiento.