La agrupación 100 periodistas por el Estado de México acusó a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, de intentar criminalizar el ejercicio periodístico tras iniciar acciones legales contra comunicadores locales.
El colectivo advirtió que los hechos generan un “riesgo directo a la libertad de expresión” y pidió la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del Congreso local y de la Fiscalía estatal para frenar lo que consideran un uso indebido del aparato institucional contra la prensa.
Exigen no criminalizar libertad de expresión
En su posicionamiento, la organización señaló que los citatorios emitidos contra Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez forman parte de una estrategia de intimidación por su trabajo en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”.
Los comunicadores fueron señalados por presuntos ataques en redes sociales, mientras que la alcaldesa los acusa de violencia digital, hostigamiento y daño moral. El colectivo sostuvo que se trata de críticas vinculadas al desempeño de la administración municipal, por lo que advirtió que “no puede criminalizarse la labor periodística bajo figuras de violencia digital”.
Además, denunció que la alcaldesa habría solicitado a la ciudadanía no comentar el actuar del gobierno local, lo que calificaron como un intento de inhibir el debate público. Los periodistas fueron requeridos ante el Ministerio Público, donde se les informó de una posible reparación del daño de 125 mil pesos por persona.
El “autosecuestro” y postura de la alcaldesa
Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga a Nancy Nápoles por la presunta simulación de un secuestro ocurrido el 31 de mayo, el cual habría sido utilizado para justificar un posible desfalco de 40 millones de pesos del erario municipal.
En respuesta, la alcaldesa negó las acusaciones, afirmó ser víctima de persecución política y pidió revisar las finanzas municipales para demostrar su legalidad. En el ámbito partidista, Morena anunció el inicio de un procedimiento interno que podría suspender sus derechos.