El Estado de México se posiciona como la entidad con mayor incidencia de denuncias por el delito de despojo a nivel nacional, con un registro superior a las 7,000 denuncias anuales concentradas en su unidad especializada. A pesar de la magnitud del problema, el panorama de justicia es desalentador: de acuerdo con el especialista Rodrigo Acuña, solo el 2% de las víctimas logra recuperar sus bienes inmuebles, debido a la extrema complejidad de los procesos de restitución y a la participación de redes de corrupción institucional.
El modus operandi y la estructura criminal
Las investigaciones apuntan a que estas operaciones ilícitas no son hechos aislados, sino esquemas operados por estructuras coludidas con exfuncionarios municipales y fedatarios públicos. Dentro de este entramado, las indagatorias señalan al notario José Antonio Reyes Duarte, titular de la Notaría No. 29 con sede en Nezahualcóyotl, como presunto jefe de la estructura criminal.
El modus operandi de esta red consiste en:
- Dejar deliberadamente espacios vacíos entre folios y fechas en los libros notariales
- Insertar con posterioridad supuestas operaciones jurídicas simuladas con fechas retroactivas
- Dar fe de compraventas ficticias con años de antigüedad para otorgar una aparente legitimidad a los despojos
Este esquema opera con facilidad debido a deficiencias sistémicas en el Archivo General de Notarías, el cual permite que los notarios retengan los libros de resguardo por largos periodos, sumado a la nula auditoría regular por parte de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales.
Contexto y acciones de autoridad
Los municipios con mayor incidencia de este delito son Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Para hacer frente a esta crisis inmobiliaria, las autoridades implementaron la denominada Operación Restitución, un operativo que ha derivado en el aseguramiento de más de 2,300 inmuebles en decenas de municipios y la detención de cientos de personas vinculadas al despojo, incluyendo a algunos exfuncionarios.
Sin embargo, especialistas y defensores recalcan que las acciones operativas son insuficientes si no se depura y audita de manera profunda a las notarías públicas del Estado de México, las cuales continúan siendo el eslabón clave para la comisión de este delito patrimonial.