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6 puntos para entender el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Su implementación requirió cerca de 21 mil millones de pesos.

El próximo 18 de junio entra en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, esto luego de pasaran ochos años desde la promulgación de la reforma constitucional en la cual se habrán de destinar 21 mil millones de pesos (mdp) para su implementación, según información de Presidencia. 

Entre 2013 y 2016 el gobierno destinó cerca de 18 mil 700 millones de pesos para infraestructura, capacitación, equipamiento, tecnologías de la información evaluación y difusión para avanzar en su implementación que será en ocho días. 

El Nuevo Sistema de Justicia consiste en un nuevo procedimiento penal basado en audiencias orales y la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias. Busca una justicia pronta y expedita para todos, así como equidad jurídica entre víctimas y victimarios. Su objetivo es reducir la impunidad, lograr respeto a los derechos humanos, racionalizar las penas y evitar el abuso de la prisión preventiva; así como tener un sistema más eficiente.

“Ocho años es un tiempo razonable, por lo menos, para instaurar en la parte de infraestructura todos los juzgados, instalaciones, salones especiales y demás para implementar de manera adecuada el sistema acusatorio”, señaló Gilberto Santa Rita, profesor e investigador del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana. 

Sin embargo, en estados como Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. su implementación aún está rezagada. A diferencia de Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán donde han hecho un buen trabajo en su implementación. 

A decir de Santa Rita se trata de una reforma que ha requerido de muchísimo dinero, no sólo en infraestructura, sino en la capacitación de jueces, de ministerios públicos, agentes, de defensores públicos y de abogados en el ámbito privado. A pesar de lo costoso, ocho años ha sido suficiente para que la mayoría de los estados lo implemente. 

De acuerdo con Alejandro Martí, presidente de SOS, aún está inconcluso el compromiso sobre las cinco escuelas regionales de policías que se plantearon. Sólo dos se encuentran en operación: una Ciudad Juárez y otra en San Luis Potosí. Asimismo, precisó que es necesario que se mantenga el Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal para su seguimiento. 

A continuación, te damos los seis principales puntos que debes saber acerca del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

1. La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas, pues son de su competencia 92% de todos los asuntos penales del país; 2% corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal, y 6% son de la competencia del fuero Federal.

2. Una de las piezas centrales del nuevo Sistema de Justicia Penal son los métodos alternativos de solución de controversias. Mientras que en el sistema tradicional se resuelve una de cada seis averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve una de cada cuatro carpetas de investigación.

3. El Nuevo Sistema Penal permite ganar celeridad en la impartición de justicia. En el anterior sistema, un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos permiten obtener soluciones justas en solamente 30 días.

4. Los costos económicos se han reducido. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15 mil 198 pesos. En los asuntos resueltos mediante métodos alternativos bajo el nuevo sistema, el costo se redujo hasta un monto de mil 566 pesos por asunto en promedio.

5. Cada interno en una cárcel cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero con la aplicación de medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California.

6. Entre 2008 y el 2016, alrededor de 70 mil personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de personas en prisión preventiva ha bajado del 45% al 25%en Nuevo León, y del 47% al % en Morelos.

*Con información de Miguel Carbonell, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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