La familia del reportero gráfico Rubén Espinosa, asesinado junto a cuatro mujeres en julio de 2015 en la Ciudad de México, teme que el caso se cierre y exige nuevas líneas de investigación, dijo el abogado Leopoldo Maldonado.
Ello ante la falta de voluntad política y una investigación que, aunque ha desechado buscar el móvil del crimen, tiene a tres presuntos culpables ante al juez, remarcó en entrevista con la agencia EFE Maldonado, representante legal de la familia y miembro de la ONG Artículo 19.
El Gobierno capitalino busca dar carpetazo al caso. «Nos queda muy claro que estos señores (los imputados) van a ser condenados y eso será usado políticamente. Pero eso es un engaño», afirmó cuando se cumplen más de siete meses de este crimen que conmocionó México.
El caso se saldó con la detención de Daniel Pacheco, Omar Martínez Zendejas y el expolicía capitalino Abraham Torres Tranquilino, pendientes de sentencia en procesos por homicidio, feminicidio y robo agravado.
No obstante, una parte de la investigación sigue abierta y los representantes de las familias están pendientes de un amparo que les permita acceder a ciertas diligencias del caso.
De ganarlo, buscarán «esclarecer las dudas bastante razonables» del expediente y que arrojan, según el defensor, datos tan inquietantes como la posibilidad de más implicados en el homicidio.
También la necesidad de determinar el autor intelectual del crimen: «No puede ser un crimen fortuito. Nos queda claro que es un crimen ordenado», aseguró Maldonado, tras señalar que hay indicios que llevan hacia esa dirección.
Por ejemplo, el registro de llamadas de Torres Tranquilino contó con «muchísima actividad previa, durante y posterior» al homicidio, aunque la Fiscalía capitalina «no lo ha querido investigar».
También hallaron incongruencias en los «perfiles genéticos» encontrados en objetos como un pelapapas y cables telefónicos, usados para torturar y matar a Espinosa, la activista Nadia Vera, la maquilladora Yesenia Quiroz, la colombiana Mile Virginia Martín y la empleada doméstica Alejandra Navarrete.
Dichas pruebas arrojaron grupos genéticos masculinos que no coinciden ni con los tres imputados ni con Espinosa, explicó.
El letrado sostiene que el asesinato tuvo que ver con la profesión de Espinosa y Vera, pues ambos salieron meses antes de su muerte del oriental estado Veracruz tras sufrir amenazas y hostigamientos.
Pero esta línea de investigación fue desestimada luego de que se deslindara del caso Javier Duarte, gobernador de Veracruz, una de las regiones más mortíferas para los comunicadores en este país, que acumula un centenar de periodistas muertos desde el 2000.
Ello no fue más que «un golpe mediático» para «acallar voces», aseveró Maldonado.
El defensor indicó que la investigación se sigue enfocando en Martín, la víctima colombiana, foco de especulaciones y juicios en prensa jamás corroborados. Se presumió que era prostituta, que traficaba con drogas e incluso que fue el gancho para que Espinosa acudiera al departamento.
Se conoce que trabajaba para una agencia de modelos y que, por fotos en su Facebook, coincidió con Torres Tranquilino en una reunión.
Sin antecedentes penales, conducía un Mustang rojo que los criminales utilizaron para huir de la escena del crimen.
«La han querido imputar, estigmatizar, criminalizar y justificar el crimen en base a ella, sin sustento», sostuvo el letrado, quien habló de que la fiscalía busca un «juicio moral» sin ahondar en el móvil del crimen.
Según Maldonado, para el Gobierno capitalino supondría un duro golpe validar la hipótesis del narcotráfico, pues siempre ha negado la presencia del crimen organizado en la ciudad.
Pero de concluir que fue un crimen contra la libertad de expresión, el «impacto político» en Veracruz sería todavía mayor y puede revelar un encubrimiento en el seno del Ejecutivo capitalino.
Maldonado señaló que los tres imputados han alegado torturas y se retractaron de sus declaraciones en diciembre ante el juez.
El último detenido, Zendejas, negó estar en el lugar de los hechos y presentó un peritaje que diverge del oficial y determina que con solo dos personas se pudo haber cometido el crimen.
«Este momento es muy importante», dijo Maldonado, que espera poder coadyuvar en la elección de un tercer perito.
El veredicto del juez se espera para el último trimestre del año, mientras la familia sigue luchando por la verdad en un país donde el 98 % de los delitos no llega a tener sentencia condenatoria.
«Es un viacrucis para la familia, que tiene todo el foco de los medios, intereses políticos detrás y se han topado con el muro de la fiscalía. Y eso genera revictimización, dolor y ansiedad», añadió Maldonado
