El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles una denuncia de hechos ante el juzgado quinto de distrito de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), “por falsedad en declaraciones y ejercicio indebido de su cargo y los delitos que resulten”, luego de que este partido atribuye al funcionario la posible responsabilidad de ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y otros hechos violentos, durante los años 2014 y 2015.
El dirigente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, dijo en conferencia de prensa que Alfredo Castillo Cervantes “es responsable de haber violentado la ley en repetidas ocasiones con su fallida estrategia, que costó cara a los michoacanos y cobró muchas vidas humanas”.
Mediante la lectura de un posicionamiento el dirigente partidista señaló presuntas irregularidades cometidas por el ex comisionado, “que al amparo de un decreto presidencial tomó el control del gobierno de Michoacán en 2014 y goza de protección del gobierno federal”.
Hinojosa Pérez, exhibió un documento en el que ex comisionado legitimó el registro de armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano, por lo que dijo que el ex comisionado “podría llegar a enfrentar responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de Apatzingán ocurridas el 6 de enero de 2015 y en los enfrentamientos en La Ruana, el 16 de diciembre de 2014”.
Hinojosa Pérez, hizo un llamado al gobierno federal y las autoridades para que “no sigan protegiendo al ex comisionado (Alfredo Castillo)” a quien acusó de evadir las consecuencias legales ante la justicia mexicana, por lo que calificó como “un irresponsable manejo de la supuesta estrategia de seguridad en Michoacán”.
En diciembre de 2014, la entonces diputada local Selene Vázquez Alatorre presentó ante la PGR y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una denuncia de hechos contra el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, acusándolo de imputaciones falsas, violación a derechos humanos y al principio de presunción de inocencia, así como de usurpación de funciones, exceso de atribuciones, abuso de autoridad y otros delitos.
La denuncia de Vázquez Alatorre, no prosperó.
