Revisa los entrecomillados de la nota. Don Bernardo dice que los planté? No. por una sencilla razón, no lo hice. https://t.co/06rLSzbS36
— Roberto Campa (@1campa) 28 de febrero de 2016
José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González y Bernardo Benítez, de entre 24 y 27 años, y Susana Tapia, de 16, jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero, «fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río», según el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa.
En entrevista para Televisa, dio fe del demoledor relato de Rubén Pérez Andrade, uno de los policías implicados en la desaparición, y que ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
Las víctimas fueron llevadas a tres lugares diferentes y después se dio la ejecución, detalló el funcionario durante una entrevista con Ciro Gómez en Radio Fórmula.
Precisó que el detenido dijo que los jóvenes fueron llevados a un lugar para alejarse de las cámaras de videovigilancia, para luego trasladarlos a un tercer punto e interrogarlos; posteriormente fueron llevados al Rancho El Limón, «donde vuelven a interrogarlos y donde los privan de la vida».
Abundó que la investigación se está conformando, principalmente, con información técnica, es decir, con huellas digitales, teléfonos, entre otros datos.
Roberto Campa agregó que el octavo detenido fue testigo también de la desaparición de los cinco jóvenes, pero se abstuvo de confirmar si hay más personas por detener.
Sobre la localización de restos de los cuerpos, explicó que, además del proceso de investigación, los familiares tienen el derecho a la búsqueda.
Además manifestó que se hallaron restos que no fueron útiles para la identificación de los cuerpos de los jóvenes y dijo se trabaja con otros hallazgos.
La herida de Iguala
En enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo presentó la «verdad histórica» del caso Iguala, según la cual los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron entregados por policías corruptos de Iguala al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron el municipio aledaño de Cocula.
Los paralelismos con el caso de Tierra Blanca se vuelven más evidentes cuando el último policía arrestado afirma que los restos de los cinco jóvenes fueron tirados a un río, cuando en el caso Iguala se encontraron bolsas con restos calcinados cerca del río San Juan a partir de las cuales se identificó a una de las víctimas.
Pero inconsistencias en la investigación han hecho desconfiar tanto al EAAF como a la CIDH sobre la procedencia de dichas bolsas, y ambos organismos niegan la posibilidad de un incendio en la zona en septiembre de 2014.
El Gobierno anunció el domingo el inicio de un nuevo peritaje en Cocula, esta vez llevado a cabo con expertos internacionales con una reconocida trayectoria en la materia, a fin pasar de la «verdad histórica» a la «verdad jurídica», dijo hoy una fuente gubernamental.
Por el caso de Tierra Blanca hay ocho policías detenidos, entre ellos el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, además de Francisco Navarrete Serna, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio.
Según medios locales, Conde podría estar relacionado con la desaparición de más personas en varios puntos del estado donde trabajó, lo que revelaría, como en Iguala, la connivencia de cuerpos policiales y el crimen organizado.
El fiscal de Veracruz dijo hoy que ya se conoce el móvil de los hechos de Tierra Blanca, si bien no quiso revelarlo para no entorpecer la investigación.
No obstante, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, recordó que el testimonio del policía «no es definitivo» y remarcó que la búsqueda continúa.
La respuesta de Galindo no sorprende, pues entre las desapariciones de Iguala y Tierra Blanca pasaron más de quince meses de duras críticas al Gobierno por su gestión del caso de los 43. (Información de EFE)
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